domingo. 05.05.2024
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¿Cómo puede ser que un gobierno ponga coste económico a salvar una vida? ¿Cómo es posible que un gobierno no haga todo lo que esté en su mano para tratar de curar a un enfermo? Los datos indican que cada día fallecen en España doce personas afectadas por la Hepatitis C. Personas que podrían tener una esperanza de vida si recibieran los medicamentos de última generación que existen y que aseguran unas tasas de curación de hasta el 95% de los casos. Y si esto es así, y lo es, ¿por qué el Gobierno de nuestro país está dilatando tanto el dar la respuesta adecuada, la única posible, a esta terrible enfermedad dilatando que los enfermos tengan acceso gratuito a esos medicamentos? En vez de esto, pierden el tiempo en crear un plan, otro más, el Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C, que ha comenzado su andadura reuniendo a los responsables del Ministerio, Comunidades Autónomas, asesores, expertos…para acordar que se elabore un primer borrador en el que se fijen los criterios de usos de los medicamentos de última generación contra este virus que no estará listo, según sus responsables, hasta, al menos, Semana Santa. Una vez elaborado este borrador se enviará a las Comunidades para que les den el VºBº definitivo. Dicen las mentes pensantes del Ministerio de Sanidad, dirigido en la actualidad por el ex portavoz del PP en el Congreso de los diputados, Alfonso Alonso, que de esa forma se conocería la epidemiología de la enfermedad, creándose un registro de pacientes, estableciéndose al mismo tiempo los criterios científicos-técnicos para su tratamiento. ¿Alguien puede creer que a estas alturas no exista un registro de enfermos en cada Autonomía y que se tengan ya suficientes criterios médicos sobre el uso de estos nuevos fármacos que aseguran un alto porcentaje de éxitos en el tratamiento de esta enfermedad? Es más, algunos de los datos que manejan los responsables de la sanidad en nuestro país, se alejan mucho de la realidad que manejan las asociaciones de afectados. Así, desde el Ministerio se afirma que se tratarían a 6.000 o 7.000 personas, cuando la plataforma de afectados, PLAHC, asegura que hay muchos miles más. Lo que supone todo un contrasentido es que el Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española del Medicamento, adopte un acuerdo el pasado 18 de Noviembre, aprobando el fármaco Solvadi, con conclusiones obsoletas y restrictivas, superadas por la evidencia médica actual, y  el 5 de Diciembre, basando su decisión en un informe al margen de la evidencia científica, perjudicando a los pacientes y creando barreras en el uso de los nuevos fármacos cuya eficacia está ya ampliamente demostrada y cuyo uso está recomendado en las guías de prácticas clínicas de Europa y EE.UU. De ahí las dudas surgidas en relación con la actitud del Gobierno que, por un lado, dice que quiere tratar a los enfermos y, por otra, acuerda límites de acceso a la cura que los enfermos necesitan y demandan. En los acuerdos ya adoptados por la citada Agencia Española del Medicamento, los pacientes con trasplantes no podrán ser tratados con Interferón, a menos que se encuentren en una situación que comprometa la vida a largo plazo, estableciendo, además, limitaciones para el uso de los fármacos a los enfermos con fibrosis avanzada. Luego ¿de qué estamos hablando? ¿De economía, de dinero, o de salvar vidas y mejorar la salud de enfermos con Hepatitis C? Lo que debería hacer el Gobierno de España, y no hace, de manera inmediata, es permitir el acceso universal gratuito a los nuevos fármacos que están logrando la curación o mejoría de gran número de enfermos por este tipo de hepatitis, y dejarse de tantos planes y de tanta evaluación de costes económicos que lo que hacen es demorar la atención sanitaria a personas enfermas que sufren a diario.

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