Gamonales

Lo ocurrido en Burgos me inquieta bastante. Y la llamada a las barricadas me aterroriza aún más. Se supone que los políticos son los representantes de los ciudadanos en las instituciones y su misión, por simple que parezca, consiste en gestionar los fondos públicos de la mejor manera posible en beneficio de la sociedad. Por ello, no entiendo lo ocurrido allí, sobre todo porque fue en un Pleno del Ayuntamiento burgalés, máxima expresión democrática a nivel local, donde se aprobó el proyecto de obras con el que se pretendía mejorar y de forma ostensible la principal avenida del barrio de Gamonal. Incluso los partidos mayoritarios en la capital castellano-leonesa (PP y PSOE) recogían en sus respectivos programas electorales la realización de esta actuación porque la consideraban, y aún lo piensan, necesaria para la barriada y para la ciudad.

Y estoy convencido de que así sería, porque aún recuerdo cómo en Huelva, los empresarios del centro se opusieron a la peatonalización de las calles del casco antiguo y de la Gran Vía porque aseguraban –y aún muchos lo piensan- que era contraproducente para sus intereses económicos, sin tener en cuenta, en absoluto, las positivas repercusiones que este cambio de fisonomía podría tener y está teniendo. Si entonces hubieran radicalizado sus protestas y, como ha ocurrido en Burgos, conseguido paralizar la propuesta municipal, es evidente que habríamos salido perdiendo la mayoría de los onubenses al no haberse adaptado la capital onubense a las necesidades del siglo XXI.

Es posible que junto a las iniciales reivindicaciones de los vecinos burgaleses también se hayan entremezclado otras cuestiones que no tienen nada que ver con la remodelación de una avenida e incluso que el descontento social generalizado contra la clase política y contra los que están detrás de los políticos manejando intereses espurios, hayan propiciado que la protesta ciudadana alcanzara, en algunos momentos, una intensidad y respaldo que los propios organizadores no preveían ni esperaban.

Estas circunstancias, no obstante, no justifican en absoluto los episodios violentos que se han producido tanto en Burgos como en otras ciudades españolas en las últimas semanas. Si a partir de ahora los acuerdos adoptados en los plenos, las resoluciones de los consejos de gobierno autonómicos, del Consejo de Ministros e incluso las propias leyes emanadas desde el Congreso de los Diputados se van a modificar dependiendo del número de participantes en una concentración, de los contenedores quemados, o de los policías y manifestantes heridos y detenidos, mejor salir corriendo porque la que se puede liar va a ser gorda. Vivir en una democracia conlleva una serie de riesgos derivados de la honradez y el buen hacer de la clase dirigente, pero lo que no se puede admitir de ninguna de las maneras es que se legisle desde la calle y dependiendo de la barbarie y del nivel de los altercados que se produzcan, sobre todo porque en esta parcela siempre ganarán los más fuertes, los más violentos, los que no saben ni quieren dialogar. La sociedad no puede ni debe permitir que se normalicen este tipo de acciones porque al final todos los demócratas, que defendemos otras formas de convivir, saldremos perdiendo.