domingo. 02.10.2022
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Opinión

Abusos

Pues, miren ustedes, no lo entiendo. Una menor acude a un organismo público –la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid- a poner en su conocimiento que ha sido víctima de abusos sexuales. Es atendida durante más de un año por los especialistas del Centro de Intervención en Abuso Sexual Infantil y se emite un informe concluyente: la joven (17 años) ha sufrido abusos sexuales. Lo que se espera a continuación es que la Comunidad de Madrid acuda a la Fiscalía a denunciar los hechos. No lo hace. Y no lo hace porque el Código Penal se lo impide por tratarse de un delito semiprivado, y la denuncia tiene que venir de los padres o de la propia menor, al menos en opinión del Gobierno regional. Bueno, pues aunque fuese así –otros juristas niegan este dato, dicen que la Consejería debería haber actuado de oficio- no lo entiendo.

Quizás la comparación sea odiosa –todas lo son, afirma el dicho-, pero no me resisto a hacerla. Pongamos un partido de fútbol. Una entrada escalofriante a un jugador por parte de otro que no es sancionada por el árbitro ni recogida en el acta. Sin embargo, ante la gravedad de los hechos, el Comité de Competición, o la instancia que fuere, investiga los hechos. Y actúa sin que otra parte lo reclame. ¿Cómo es posible que haya unas leyes en el ámbito deportivo que lo permita y en la llamemos "vida cotidiana" no se pueda hacer? De ser así realmente, ¿no se ha incorporado esta posibilidad al proyecto de ley de Reforma del Código Penal? ¿Cómo es posible que el ministro Gallardón, tan preocupado en coartar libertades y derechos conseguidos, no haya hecho algo en este punto?

Cuando más arriba aludo a la opinión de juristas de la propia Fiscalía del Estado que entienden que el Gobierno de Madrid debería haber puesto la correspondiente denuncia, he dejado en el tintero un apunte importantísimo que a renglón seguido hacen los propios juristas comentan: se podrían haber evitado más agresiones sexuales. Ésta ocurrió hace siete años, cuando la menor tenía 17. Ésta ocurrió en el colegio Valdeluz de la capital de España. Y el supuesto agresor fue el profesor Andrés Díez Díez. El mismo que ahora ha sido denunciado por una decena de jóvenes de edades comprendidas entre 12 y 17 años por el mismo presunto delito. Sí, seguramente se habrían evitado.

Tampoco me entra en la cabeza que la dirección del colegio no supiera nada. Ni el director, ni el jefe de estudios. Lo mismo que la APA. Cualquier asociación de padres de cualquier colegio suele estar bien informado de cuanto ocurre en el centro al que pertenece, que para eso, entre otras cosas, se le paga. La APA del Valdeluz no sabía nada.

Por supuesto, el principal culpable de los hechos es el supuesto agresor, Andrés Díez, el profesor de Música, Filosofía y Ética, desde hace unos días en prisión. Una persona, al parecer, muy querida por padres y alumnos tanto de ese colegio como de la academia que regenta en un edificio anexo al centro, y al que acudían en busca de consejo sobre la educación de sus hijos. Aun manteniendo la presunción de inocencia, pero ante la importancia de los hechos acaecidos a lo largo de tantos años, ¿realmente nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando?

¡Ah!, y, lamentablemente, los abusos a niños y niñas por parte de docentes –laicos o no laicos-, adultos –profesores o no profesores- no se quedan aquí. Leamos la prensa.

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