UPA avisa que la lucha política y mediática impacta en el prestigio de la agricultura de Huelva a nivel nacional y europeo

Equilibrio entre la actividad agrícola y la conservación de Doñana. Ese es el principal objetivo de UPA Andalucía, tal y como ha vuelto a plantear su secretario general, Cristóbal Cano, y el responsable de UPA Huelva, Manuel Piedra, en la intervención parlamentaria sobre la Proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva.

En esta nueva comparecencia, los dos dirigentes han defendido un equilibrio "entre la regularización de los agricultores que cuentan con aprovechamientos históricos y la conservación de Doñana", pero, además, han mostrado su preocupación por la existencia de un “conflicto directo entre administraciones”, por lo que han exigido defender a los pequeños y medianos agricultores que, honradamente, trabajan los frutos rojos en El Condado de Huelva.

“Existe un conflicto directo entre quien pretende, con la Proposición de Ley, cambiar el régimen de explotación del suelo (Junta de Andalucía) y quien tiene la potestad de conceder agua (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) y en medio quedan los agricultores y agricultoras, sus expectativas y su medio de vida. Conviene que todo el mundo lo tenga claro y no se juegue con esto. Todo ello siendo el interés de UPA Andalucía la restitución del uso agrícola regable a estas familias de pequeños agricultores que quedaron fuera en el anterior plan y que conviene que toda la sociedad comprenda que sus pequeñas explotaciones no son las responsables del deterioro del acuífero 27”, ha defendido Cristóbal Cano.

UPA Andalucía afirma que, en el momento político en el que la norma está en tramitación, con la convocatoria de elecciones, es necesario que las administraciones aclaren qué infraestructuras hídricas y cuándo van a ejecutarse, porque los agricultores necesitan saber qué soluciones aporta cada cual y cómo y cuándo las llevará a la práctica.

Además, el secretario general de UPA Andalucía ha matizado que “en una situación de sequía como la que se viene sufriendo y teniendo en cuenta que estaríamos hablando siempre de agua superficial, la incógnita a resolver es si se va a cumplir con la ley 10/2018 de 5 de diciembre y si el destino de los 19,99 Hm³ serán para consumo humano, agrícola e industrial como recoge. Lo que genera la duda de si la Proposición de Ley, después de todo el recorrido político y mediático que lleva, llegará a cumplir la finalidad a la que va dirigida”.

Por su parte, Manuel Piedra ha concluido: “Vemos que la lucha política y mediática que se ha desatado con la Proposición de Ley, en la que diferentes colectivos nacionales e internacionales con intereses más allá del ecologismo o la salvaguarda del parque nacional están atacando a todo el sector de los frutos rojos de Huelva, independientemente de si la PL les afecta o no, está incidiendo de forma negativa en el prestigio de la agricultura de la provincia de Huelva a nivel nacional y europeo y es, en todo caso, especialmente perjudicial para la zona del Condado".

Por eso, señala Manuel Piedra,  "entendemos que es fundamental explicar de forma detallada al resto de la sociedad a cuántas hectáreas afecta realmente la PL y de qué forma les afecta, así como argumentar adecuadamente de qué forma, con las infraestructuras necesarias, no se entraría en conflicto con el agua del Parque Nacional de Doñana. Todo ello por la urgencia de buscar una solución para la supervivencia de explotaciones familiares que injustamente quedaron fuera en 2014 cuando su actividad tradicional era la agricultura, pequeños empresarios y sus trabajadores cuyo futuro está en juego y con el que no conviene jugar y que irán al paro si no se les da una solución a su problema. Esto, a nivel social y económico, es un condicionante muy importante para la comarca del Condado de Huelva”.