martes. 28.06.2022
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El Estado afronta una indemnización de 60.000 euros a varios guardias civiles heridos

La insolvencia de los agresores de varios agentes de la Guardia Civil propicia que el Estado afronte una indemnización de más de 60.000 euros. La AUGC ha encabezado la reclamación del caso.
Varias agentes vigilan el desalojo de diez viviendas okupadas, a 14 de octubre de 2021, en Horche, Guadalajara, Castilla-La Mancha, (España). Las viviendas, de la empresa propietaria, Building Center, adscrita a Caixabank, han sido desalojadas a primera hora de la mañana. En el proceso de desalojo, han dejado a los okupas recoger sus enseres antes de llevar a cabo el desalojo. La empresa propietaria tiene previsto inutilizar los pisos para evitar que vuelvan a ser okupados. Desde la Asociación Vecinal Defiende Horche calculan que en el municipio hay en torno a medio centenar de casas okupadas.
14 OCTUBRE 2021;OKUPAS;VIVIENDAS;CASTILLA LA MANCHA;HORCHE
RAFAEL MARTÍN / Europa Press
14/10/2021
Varias agentes vigilan el desalojo de diez viviendas okupadas, a 14 de octubre de 2021, en Horche, Guadalajara, Castilla-La Mancha, (España). Las viviendas, de la empresa propietaria, Building Center, adscrita a Caixabank, han sido desalojadas a primera hora de la mañana. En el proceso de desalojo, han dejado a los okupas recoger sus enseres antes de llevar a cabo el desalojo. La empresa propietaria tiene previsto inutilizar los pisos para evitar que vuelvan a ser okupados. Desde la Asociación Vecinal Defiende Horche calculan que en el municipio hay en torno a medio centenar de casas okupadas. 14 OCTUBRE 2021;OKUPAS;VIVIENDAS;CASTILLA LA MANCHA;HORCHE RAFAEL MARTÍN / Europa Press 14/10/2021
El Estado afronta una indemnización de 60.000 euros a varios guardias civiles heridos

La insolvencia de los agresores de varios Guardias Civiles propicia que el Estado afronte una indemnización de más de 60.000 euros. Los penados hirieron a los agentes cuando estaban en acto de servicio y al quedar dictaminado mediante sentencia firme que no podían hacer frente a la cuantía impuesta, será ahora el Estado quien tendrá que resarcir a los Guardias Civiles gracias a los servicios jurídicos de AUGC Huelva.

Según la Asociación, varios miembros del Instituto Armado resultaron heridos durante el servicio tras el ataque de unos ciudadanos. Ante estas circunstancias, los agentes deben ser resarcidos económicamente de manera individual por el principio de indemnidad que rige. Sin embargo, los agresores no pudieron satisfacer las indemnizaciones, que ascienden a más de 60.000 euros. Fueron declarados insolventes mediante sentencia firme.

El Estado debía responder ante el abono, pero los Guardias Civiles seguían sin percibir las cuantías correspondientes para cada uno.

Los casos los ha llevado el letrado Juan Rodríguez, del servicio jurídico de la Delegación de Huelva de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Al ver que los compañeros no estaban recibiendo el abono por parte del Estado, presentó durante varios meses otra serie de reclamaciones.

Todas las sentencias condenaban a resarcir a los Guardias Civiles por los daños inferidos. La normativa aplicable es la establecida en el Real Decreto 485/1980 y contemplaba únicamente la indemnización de los daños materiales en bienes de su propiedad. Por lo tanto, se trata un ámbito resarcitorio más restringido que la que se regula en los artículos 179 y 180 del Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa, aprobado por Decreto 2038/1975 de 17 de Julio. El primero se refiere al resarcimiento por daños materiales y el segundo al derivado de las lesiones ocasionadas al agente de la autoridad, apunta la AUGC.

Por otra parte, el artículo 28 de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece, reproduciendo literalmente lo previsto en el artículo 23.4 de la anterior Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que “los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio”.

Por tanto, la no ampliación de la indemnización por resarcimiento a las lesiones que sufren los miembros del Instituto Armado no solo resulta injusta –la normativa aplicable al Cuerpo Nacional de Policía prevé el resarcimiento de daños personales- es que también es contraria al principio de indemnidad del funcionario en el desempeño de sus funciones, que resulta de lo dispuesto en el citado artículo 28 del EBEP. Así lo ha recogido de forma reiterada el Consejo de Estado en los Dictámenes nº 522/91 y 195/93, que establecían lo siguiente: "[...] el Consejo de Estado ha considerado como fundamento del principio de indemnidad el artículo 23.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (actualmente articulo 28 EBEP), con arreglo al cual los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio”, explica la nota.

En base a ello, los servicios jurídicos de AUGC Huelva plantearon las reclamaciones de todos los Guardias que estaban pendientes de percibir dichas indemnizaciones ante la Dirección General de la Guardia Civil. "De este modo se logró el resarcimiento de los daños y perjuicios que nuestros compañeros sufrieron en acto de servicio. Las resoluciones se han estimado y reconocen el derecho a indemnización de los agentes lesionados en acto de servicio. El Estado también se está haciendo cargo del abono", concluye el comunicado.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles "queremos poner en valor este tipo de servicios para nuestros afiliados, ya que contribuyen a la defensa de los derechos e intereses de los miembros del Cuerpo y el trabajo realizado por el letrado revisando todos los casos que estaban pendiente y que sin su labor hubiera sido imposible el resarcimiento".

El Estado afronta una indemnización de 60.000 euros a varios guardias civiles heridos