sábado. 02.03.2024
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Sumar impulsa en el Congreso el cumplimiento de la Ley de Vivienda

David F. Calderón reclama a la Junta de Andalucía que active las medidas oportunas para que una provincia como Huelva mejore sus posibilidades de acceso a los inmuebles de los jóvenes.

David Calderón
David Calderón
Sumar impulsa en el Congreso el cumplimiento de la Ley de Vivienda

El coordinador de la Oficina Parlamentaria de Sumar en la provincia de Huelva, David F. Calderón, ha impulsado una iniciativa al Congreso de los Diputados para garantizar el cumplimiento de los gobiernos autonómicos de las medidas contempladas en la Ley por el Derecho a la Vivienda, “con el fin de facilitar de forma efectiva el acceso a la vivienda de las personas que tienen dificultades para hacerlo en condiciones de mercado libre, tal como determina esta Ley estatal”.

Calderón ha explicado que “todas las comunidades autónomas, sin excepción, tienen la obligación de cumplir esta ley estatal, dando cumplimiento al mandato constitucional y del marco legislativo europeo de promover el derecho a una vivienda digna”.

El responsable de Sumar ha recordado que Huelva es una de las provincias españolas donde más ha subido el precio de la vivienda en 2023 (9,5%), llegando a incrementarse en la mayoría de los municipios de la costa onubense por encima del 14%.

Huelva también es una de las provincias españolas con menor renta media de los jóvenes menores de 30 años (8.000 euros) y una de las zonas del país con mayores dificultades de emancipación juvenil.

“Lamentablemente, España es uno de los países de la Unión Europea con mayores problemas de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, que sufren una de las edades de emancipación más elevadas de la UE (30,3 años). En nuestro país, sólo un 15% de los jóvenes logra emanciparse, la mitad de la tasa de emancipación europea (31,9%), según el estudio realizado por el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de en 2023.

El coordinador de la Oficina Parlamentaria de Sumar en Huelva ha explicado esta situación “por la histórica insuficiencia de políticas de vivienda pública en nuestro país, donde los parques de vivienda social son exiguos, si se comparan con la media europea”. Nuestro parque de vivienda pública, que no supera los 290.000 inmuebles, ha señalado Calderón, “ofrece cobertura sólo al 1,6 % de los 18,6 millones de hogares españoles, contrastando con los parques de vivienda de países de nuestro entorno como Francia, Países Bajos, Austria, Dinamarca o Reino Unido, que ofrecen cobertura pública al 15 % de sus hogares".

Calderón ha explicado que esta situación se ha visto agravada por las crisis de 2008 y la actual, que ha provocado un aumento histórico de la inflación, la creación de burbujas inmobiliarias en zonas turísticas y la subida de tipos hipotecarios, “que han disparado el porcentaje de personas en riesgo de exclusión y dificultado, aún más, el acceso a la vivienda en condiciones de mercado libre”.

“Afortunadamente, esta primera ley estatal reguladora del derecho a la vivienda desde la Constitución, incluye medidas útiles para facilitar el acceso a la vivienda, como recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a las viviendas de uso residencial desocupadas con carácter permanente, incrementando los recargos hasta un máximo del 150%, lo que contribuye a incrementar la oferta de viviendas en alquiler. Calderón, también ha señalado que esta Ley de Vivienda determina la declaración de “Zonas Tensionadas” por la Junta de Andalucía, a propuesta de los Ayuntamientos, permitiendo regular los precios del alquiler, con el fin de contener la escalada de precios actual”.

Lamentablemente, ha declarado Calderón, “la Junta de Andalucía, como la mayoría de los gobiernos autonómicos del PP, está negándose a cumplir esta Ley estatal, dificultando la promoción efectiva del derecho a la vivienda recogido en la Constitución Española y condenando a los jóvenes andaluces a seguir esperando emanciparse”.

Calderón ha defendido que esta situación requiere una intervención contundente del Gobierno de España, “que debe desarrollar medidas para garantizar el obligado cumplimiento de esta Ley de Vivienda por parte de las comunidades autónomas, estén o no gobernadas por el PP, crean o no en el derecho constitucional a una vivienda digna”.

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