Mesa de la Ría avisa: el plan San Antonio-Montija atrae población a 500 metros de la zona radiactiva de los fosfoyesos
Mesa de la Ría ha presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un total de cincuenta y siete alegaciones en un extenso documento de más de cien páginas, para que éste deniegue la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de enterrado de los fosfoyesos y demás residuos radiactivos existentes en la ‘Zona 4’ de las balsas.
Solicita que se proceda por fin a realizar una evaluación ambiental conjunta de todas las zonas concesionadas (zonas dos, tres y cuatro) y que se atienda a las evidencias científicas y a los informes del comité de expertos de la Universidad de Huelva que, junto a otros organismos científicos, han demostrado la inviabilidad del proyecto de Fertiberia, cuestión que ha ocasionado que recientemente desde el Ministerio se trasladara a la Audiencia Nacional sus dudas sobre la idoneidad del proyecto.
El presidente de Mesa de la Ría, Juan Manuel Buendía, ha alertado de que “no se puede aprobar un proyecto que no está previsto en ninguna planificación urbanística de la ciudad y su entorno”, tal y como señalan todos los informes técnicos de compatibilidad urbanística emitidos por el Ayuntamiento de Huelva hasta la fecha. “Los planes urbanísticos prevalecen antes que los proyectos de construcción”, como alegó el propio Ayuntamiento al enterrado de las ‘Zonas 2 y 3’, con lo que para Mesa de la Ría el proyecto RESTORE carece de soporte legal urbanístico.
De la misma manera, Mesa de la Ría ha denunciado que Fertiberia no evalúa y oculta en su estudio de impacto a la salud que con el plan parcial San Antonio-Montija, la ciudad contará con un importante núcleo de población a menos de 500 metros de las zonas más radiactivas de los fosfoyesos.
Asimismo, la organización espera que el Ministerio de Transición Ecológica rechace el proyecto puesto que incumple el auto de la Audiencia Nacional en el que se obligaba a Fertiberia a presentar para la zona cuatro una propuesta que cumpliera el mandato de la ley de costas de “ocupación mínima de la marisma” y que contemplara la alternativa de la recuperación integral.
