La Plataforma de Afectados advierte que las miles de multas de la zona ORA siguen activas y en trámite

La Zona de Aparcamiento Regulado de Huelva está en el limbo jurídico. Pero las miles de multas enviadas a los vecinos siguen su curso. No prescriben y se pueden ejecutar. La reciente decisión del Tribunal Supremo de no admitir a trámite el recurso de la empresa Dornier SA contra la sentencia del TSJA que declaró nula su adjudicación de la Zona Ora en la capital onubense en 2013, bajo la Alcaldía de Pedro Rodríguez, no paraliza el procedimiento sancionador municipal.

El Ayuntamiento de Huelva realizará un nuevo proceso de licitación de la Zona Regulada de Aparcamiento, lo que se deduce de la lectura de la sentencia del TSJA.

Mientras tanto, desde la Plataforma de Afectados por las multas de la Zona ORA de Huelva entienden que “no podemos entrar a valorar una sentencia sobre un proceso administrativo sobre una empresa que ha presentado unas alegaciones porque cree que la licitación se ha concedido a una empresa erróneamente”.

La Plataforma dice que no entra a discutir la legalidad o no de la ORA porque hoy por hoy es legal. Lo que les inquieta es la gestión administrativa del proceso. Y a juicio de la Plataforma, “no estamos entrando a discutir si la zona ORA es legal o no, efectivamente es legal, lo que discutimos es tema administrativo.

A juicio de la Plataforma, el Ayuntamiento, hasta que no finalice el contrato con Dornier, “seguirá gestionando las multas. Con lo que tiene validez jurídica. Si el día de mañana se produce una nueva licitación y se adjudica a otra empresa podríamos entender que el procedimiento sancionador es anulable o nulo en pleno derecho porque las potestades que tenía para sancionar se la ha quitado la misma concesión”.

Según la Plataforma, “ahora mismo todo seguirá igual hasta que el Ayuntamiento cree una nueva licitación para dar la concesión. Se le dará a una nueva empresa o a Dornier ya que puede recurrir en instancias superiores. Cuando lleguen las nuevas multas habrá que mirar la fecha de la sanción si es posterior de la firmeza del Supremo y ver si son nulas o no”.

Cabe recordar que el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento capitalino, Manuel Gómez, ha explicado a Diariodehuelva,es que los servicios técnicos se han puesto a trabajar en el nuevo pliego de condiciones, para el que aún no hay fecha, ya que "es un contrato complejo, con los informes preceptivos, y que debe hacerse siguiendo la nueva ley de contratos". Gómez asegura que el servicio, que incluye la grúa y el depósito de vehículos, se seguirá manteniendo mientras tanto "aunque se encuentra en un limbo jurídico".

Entre los incumplimientos detectados por el TSJA figuran la falta de informes determinantes -el informe económico lo realizó el jefe de la Policía Local-, así como errores en la modalidad de contratación y adjudicación del contrato, obviando el informe de fiscalización. La empresa Iberpark SA, que quedó en segundo puesto en el proceso, interpuso un recurso contra esta adjudicación.

El Alto Tribunal andaluz le dio la razón al constatar estas irregularidades y ordenó al Ayuntamiento iniciar un nuevo procedimiento de licitación que siguiera los principios de igualdad y transparencia, pero la empresa adjudicataria presentó un recurso de casación contra esta decisión en el Supremo a principios de año. Un recurso que el TS no ha admitido a trámite, avalando la decisión del TSJA.

En una reciente campaña, muchos ciudadanos han mostrado en Change.or su rechazo a la zona ORA con miles de firmas, casi tres mil.  Ahí, los ciudadanos aseguran que "estamos indignados con el servicio que ofrece Dornier y el trato al cliente de esta empresa contratada por el Ayuntamiento de Huelva para la explotación del aparcamiento público". Advierten que "el centro de Huelva cada día se encuentra más desierto, debido, entre otras razones, a tener que pagar por aparcar, cosa que no sucede en Holea".

A su juicio y según lo expresado en su iniciativa,  "la empresa Dornier no es capaz de mantener un servicio adecuado teniendo gran parte de sus máquinas fuera de servicio, y obliga a que los usuarios se descarguen su aplicación para pagar, no teniendo en cuenta a las personas mayores que no tienen conocimiento de uso de estas aplicaciones. Además ofrece un trato denigrante a las personas que a sus oficinas se dirigen para pedir las oportunas explicaciones negándose incluso a dar las multas a los afectados".