El valor catastral del penal alcanza los 2,3 millones de euros
Uso dotacional, rehabilitacion del edificio por y para la ciudadanía e incluso la sombra de un pelotazo urbanístico. Existe tanta incertidumbre sobre el futuro de la antigua cárcel que hasta diversos tasadores han preferido no dar una cifra exacta acerca del actual precio de la parcela. La orquilla de su valor "es inmensa", pues una modificación urbanística del PGOU con recalificación del terreno "multiplicaría su valor" si pasará de dotacional a residencial. No obstante, un reputado tasador nacional –quien prefiere no ofrecer su nombre y apellidos- aceptó aportar el valor catastral del penal, que en estos momentos se situaría en torno a los 2,3 millones de euros.
Los datos catastrales del centro penitenciario de la Avenida Alcalde Federico Molina fechan su construcción en 1928. Si bien, en 1926 ya se conocían los planos del arquitecto del Estado José Luis Aranguren referentes a este espacio y es 1933 cuando es inaugurada, según el periódico La Provincia. La superficie construida alcanza los 11.121 metros cuadrados sobre un suelo de 14.205 metros cuadrados, según los documentos del Catastro.
La fórmula descrita a este diario para hallar el valor catastral tiene en cuenta diversos parámetros y se rige por los datos conocidos y hechos públicos por distintas administraciones sobre esta parcela y edificio. El valor del suelo, en función a su dimensión y a un precio de 202,3 euros por metro cuadrado –según datos del Ministerio de Fomento para suelo urbano-, llegaría a algo más de 2,8 millones. A esta cantidad se le suma el coste de construcción que se deprecia por la antigüedad del penal y por los costes de conservación. De ahí que ronde tan sólo los 500.000 euros. La cantidad resultante –casi 2,9 millones- cae hasta los 2,3 millones por los beneficios del promotor, más la promoción y el coeficiente de mercado.
Este valor está en función a la consideración de suelo urbano de los terrenos. No obstante cae por el uso dotacional, estipulado en Pleno Municipal de 2001, que se le daría al espacio una vez transferido a la Administración Local. El Ayuntamiento tiene catalogado como "edificio singular" e incorporado al Catálogo del Plan General de Ordenación Urbanística con el grado máximo de protección, Protección Integral Monumental . Si bien los distintos tasadores consultados por este diario aseguran que tan sólo se requeriría de una modificación urbanística y recalificación de los terrenos para cambiar su uso y protección. Es en este espacio dónde indican que podría aparecer un "pelotazo" si alguien tuviera el soporte legal para, por ejemplo, crear "un complejo residencial".
La vida útil de la antigua cárcel ya ha caído por debajo de los 20 años y raya ese terreno dónde son necesarias tareas de mantenimiento y rehabilitación al objeto de que no llegue a declararse en ruina. Aunque la vida útil y la real no corren parejas, sí que es cierto que la falta de agilidad de las administraciones –estatal y local- deja enfangado los cimientos del futuro de la vieja prisión de la Avenida Alcalde Federico Molina.
