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El juicio contra Montoya, a puerta cerrada para evitar el ‘circo mediático’
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El juicio contra Montoya, a puerta cerrada para evitar el ‘circo mediático’

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Se temía… y mucho que el juicio a Bernardo Montoya por el brutal asesinato de Laura Luelmo se convirtiera en un circo mediático. Algo parecido a lo que ya sucedió con el crimen, cuando se trasladó a muchos medios todo tipo de imágenes e información. Por eso el abogado de la familia Luelmo solicitó la medida de que fuera a puerta cerrada.

 

 

Así que tras la deliberación del Jurado popular se ha decidido que sea a puerta cerrada. Ha sido unánime el apoyo prestado a esta petición por la Fiscalía y hasta la defensa del reo.

El abogado recordó que ya el juicio, tan mediático, de La Manada, fue a puerta cerrada sin entender que entraran en colisión derechos como el de la información y la intimidad y memoria de la víctima.

Se le ha dado al Jurado la posibilidad de que fuera a puerta abierta, puerta cerrada o una opción intermedia que pasaba por sesiones de carácter público y otras en las que se optara por la privacidad total. Nada.

Todo será a puerta cerrada con lo que el amplio dispositivo preparado por el mismo TSJA, con canales abiertos hasta por streaming privado y señal de Canal Sur queda inutilizado.

La decisión no ha sentado bien en el gremio de los informadores

La Asociación de la Prensa de Huelva ha mostrado su indignación ante el “apagón informativo” por el juicio por el asesinato de Laura Luelmo que ha comenzado en la mañana de este lunes 15 de noviembre en la Audiencia Provincial de Huelva.

El magistrado presidente Florentino Ruiz Yamuza ha decidido tras escuchar a las partes realizar el juicio a puerta cerrada y sin la señal televisiva que se había preparado para la cobertura periodística del juicio, algo que desde la Asociación de la Prensa de Huelva consideran un grave error que atenta directamente contra los principios democráticos de un proceso público que la propia Constitución Española considera un derecho fundamental.

El hecho de que un juicio de enorme interés social y por el que se solicita una pena de Prisión Permanente Revisable se haga a “oscuras” en una decisión tomada la propia mañana de juicio es una “grave afrenta” a los principios del papel de garante democrático de la profesión periodística por lo que “se le hurta a la ciudadanía su derecho a la información en un caso que escandalizó a toda la sociedad española” y en el que están en juego numerosas implicaciones jurídicas y emocionales que debieran ser públicas para un futuro debate social.

Desde la Asociación de la Prensa de Huelva consideran especialmente grave esta decisión teniendo en cuenta que  se trata de un juicio con jurado popular, por lo que han sido personas legas en derecho las que han participado de la toma de decisión.

La APH defiende que el principio de publicidad de los juicios penales debe prevalecer salvo contadas excepciones y que así lo recoge la propia Constitución Española, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. En un caso en el que además ni concurre la presencia de menores ni se atisban problemas de orden público que pudieran motivar la decisión.

La Asociación de la Prensa estará vigilante a las motivaciones que el juez debe exponer en un auto específico para hacer una excepción de la norma y consultará con los servicios jurídicos de la FAPE las posibilidades de recurso y/o protesta que la legislación permita en este caso en el que los profesionales de la información sienten vulnerados sus derechos y que están plenamente capacitados para salvaguardar el honor de la víctima y sus familiares de acuerdo a los principios del código deontológico de la profesión periodística.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía también se ha pronunciado sobre este hecho. En su demarcación de Huelva, tras la decisión de celebrar el juicio por el asesinato de Laura Luelmo a puerta cerrada, sin presencia de periodistas, lamenta que no se tenga en cuenta principios tan básicos como la libertad de información y la publicidad de los procesos judiciales, que forman parte elemental de una democracia, como marca nuestra Constitución.

Alegan que, decidir realizar la vista a puerta cerrada, debe estar perfectamente fundamentada procesalmente y que, como es obvio, en el caso de los miembros del jurado popular en Huelva carece de todo peso argumental al no tener la formación idónea para ello.