Los trabajadores del Servicio de Emergencias 112, agotados y al borde del colapso

Imaginen por un momento la escena. Un joven marca el 112 desde su teléfono móvil. Apenas es capaz de saber dónde está ni qué ha pasado. Está en estado de shock. Solo recuerda que iba con su padre en el coche y que de repente todo se oscureció.

Al otro lado de la línea una voz amable trata de tranquilizarlo. “La ayuda está en camino”, le dice. Le hace algunas preguntas mientras moviliza a un equipo de sanitarios, a los bomberos y también a la Policía. 

María, la voz amable que acaba de atender al joven accidentado, se levanta de su asiento, respira y camina hasta la máquina de café. Mientras vuelve a su asiento se pregunta qué pasará con el padre y el hijo. El teléfono vuelve a sonar y la saca de sus pensamientos. “Tranquilo, la ayuda está en camino”.

Esta escena es la rutina diaria y el escenario habitual de trabajo del personal del Servicio telefónico de Emergencias del 112 en Andalucía. 

“Es un trabajo en el que sumas el agotamiento emocional propio y el de los pacientes. Cuelgas y ya no sabes qué pasará, si sobrevivirán o no. Tampoco puedes quedarte ahí porque, inmediatamente, hay otra persona que necesita ayuda detrás de la línea”, explica María. 

Las condiciones y el entorno laboral tampoco ayudan a sobrellevar esta carga física y mental y muchos de sus trabajadores se encuentran en tratamiento psicológico por procesos de ansiedad. “El trabajo es inhumano en muchas ocasiones, jornadas maratonianas, guardias y turnos dobles o en los que no descansas lo suficiente”, se queja Juan A, trabajador del servicio desde hace dos años. “Me río cuando el consejero dice que el sistema funciona mejor que antes y que están introduciendo constantes mejoras. No sé para quién”, reconoce.

Actualmente, el servicio de Emergencias depende de la Junta de Andalucía pero está gestionado de forma privada por la empresa Ferrovial Servicios S.A desde que en 2018 la Junta otorgase el concurso a cambio de 27 millones de euros. Lejos de suponer una mejora, la privatización ha significado la pérdida de derechos laborales adquiridos para los trabajadores. “El pacto por unas condiciones dignas, especialmente en lo que respecta a la equiparación de salarios se incumple sistemáticamente por parte de la empresa concesionaria”, explican a Diario de Huelva fuentes sindicales. 

Solo en el pasado puente del mes de agosto, el teléfono de Emergencias 112 atendió casi 11.000 incidencias en toda Andalucía de las que 776 fueron en la provincia de Huelva. Ante estos datos, los trabajadores reconocen sentirse agotados y no ver ninguna salida a corto plazo a esta situación. 

“Nos consideran apenas un servicio de telemarketing y no un servicio esencial, cobramos menos de mil euros por atender a personas en situación de vida o muerte y no sabemos nada de las políticas de conciliación prometidas”, explica Carlos, trabajador del servicio de Emergencias desde 2016.

Al margen del incumplimiento en las condiciones del pliego, las consecuencias de la privatización del Servicio de Emergencias 112 que el gobierno andaluz impulsó hace dos años, suponen ya una profunda inquietud para los trabajadores que ven como sistemáticamente se cruzan todas las líneas rojas de la precariedad en sus empleos y, sobre todo, una potencial amenaza a la salud poblacional. 

“A lo mejor el día de mañana hay llamadas sin responder o mal gestionadas y eso son vidas humanas con las que el consejero debería plantearse si está dispuesto a llevar sobre su conciencia”.