La escuela pública onubense, cautiva de las herramientas de Google y Microsoft

La Junta de Andalucía no tiene previsto revisar este próximo curso la firma del convenio que suscribió el pasado mes de noviembre la Consejería de Educación con las multinacionales Google for Education y Microsoft España para permitir a los centros educativos públicos acceder a las soluciones cloud de dichas compañías de forma gratuita.

El acuerdo se alcanzó el pasado otoño, en plena pandemia y por la vía de urgencia para permitir que el alumnado pudiera adaptarse en condiciones de igualdad a la educación desde casa impuesta por la situación sanitaria. Ambas corporaciones tecnológicas, con el beneplácito de la Consejería de Educación, se comprometieron a poner a disposición del alumnado sus productos de manera gratuita y a no usar los datos almacenados con fines publicitarios.

La comunidad educativa, acostumbrada a sobrevivir a los recortes y en pleno shock vírico, celebró en su mayoría el acuerdo que iba a permitir digitalizar las aulas a coste cero. Los padres y madres firmaron las autorizaciones en un momento de extrema confusión, confiados en el criterio de las instituciones y las direcciones de los centros y sin que en muchos casos se ofreciera un debate real sobre la idoneidad del modelo, los posibles riesgos o las múltiples alternativas, afirman algunos representantes de las AMPAS onubenses. Dichas autorizaciones, según ha podido comprobar este diario, son en su mayoría definitivas y no incluían ninguna cláusula de aceptación provisional, algo que habría sido lógico dadas las circunstancias, hasta que el centro pudiera implementar otra solución en la que los datos de los menores no fueran a parar a un gigante tecnológico.

Así, durante este curso, herramientas como Google Suite han terminado de desembarcar en los centros escolares públicos onubenses y desde entonces la corporación norteamericana tienen acceso a todas las actividades escolares tales como el correo electrónico, las evaluaciones, los trabajos personales del alumnado o las evaluaciones de tipo pedagógico o psicológico de niños y niñas a partir de diez años.

Los expertos coinciden en que tanto Google como Microsoft han encontrado una mina en toda esa información. “A la comunidad educativa sencillamente no se le ha informado de los riesgos de implementar una tecnología opaca y de carácter no auditable como es este caso, de haberlo hecho se habría generado un debate que no existe a día de hoy”, explica Julián Hernández, experto en tecnopolítica y educación. “Tampoco se le ha advertido de que existen otras alternativas a la cesión de datos a estas corporaciones privadas como pueden ser aplicaciones de código abierto -open source- y modificables según las circunstancias”.

La trampa de las aulas digitales gratis

Si bien es cierto que ambas se comprometieron a no incluir publicidad en las herramientas digitales infantiles, lo cierto es que su negocio va mucho más allá de la mera propaganda. Entre los beneficios que tanto Google como Microsoft obtienen a largo plazo de su aterrizaje en las escuelas se encuentra el perfilado de potenciales clientes cautivos, personas que crecen equiparando Internet y todas sus posibilidades únicamente con las herramientas y soluciones de estas empresas. Otros riesgos más graves son la cesión a terceros de los datos personales de los escolares, tal y como ha ocurrido por ejemplo con la venta de datos médicos de miles de personas. Los docentes se preguntan ahora si no será posible que en el futuro Google planee hacer negocio con las valoraciones que este colectivo sube diaria e ingenuamente a Google Drive sobre su alumnado, vendiendo estos datos por ejemplo a empresas de empleo que condicionarán su futuro laboral.

Lo cierto es que a día de hoy las grandes macrocorporaciones se han hecho gracias a este acuerdo, en apariencia legal y beneficioso, con el control de la mayor parte de los centros educativos de Andalucía. Desde este año y con el beneplácito de las instituciones y la comunidad educativa, poseen información sobre personas menores de edad, un mercado que les estaría vetado en cualquier otra circunstancia.

Frente a ello, la Junta no tiene un plan de digitalización democrática de la Educación pública, promueve acuerdos con multinacionales que comercian con los datos de menores sin valorar las repercusiones presentes y futuras que tendrá para ellos. Delega en padres y madres la responsabilidad de rebajar la edad mínima para que sus hijos e hijas utilicen herramientas digitales a sabiendas de que el marco legal europeo lo considera ilícito en personas menores de 14 años.

El espejismo de gratuidad de las aulas digitales se ha convertido en una trampa para ratones en la que nadie se salva.