Los Ayuntamientos onubenses adeudan a los bancos más de 223 millones de euros

   Los Ayuntamientos onubenses mantiene una deuda con las entidades de crédito que supera los 223 millones de euros.  

   La Nava y Valverde del Camino tienen el dudoso honor de liderar este ranking provincial. Sólo con las entidades bancarias, lo que se conoce técnicamente como deuda viva, el Ayuntamiento de Valverde adeuda 40.887.000 euros, o lo que es lo mismo: cada uno de sus 12.750 ciudadanos tendría que asumir la astronómica cifra de 3.207 euros para sanear las arcas públicas. Mayor esfuerzo fiscal tendrían que afrontar en La Nava puesto que, aunque en términos absolutos su deuda sólo alcanza 1.090.000 euros, al repartir esta obligaciones entre sus escasos 258 habitantes empadronados en su término municipal, el pasivo a repartir se eleva hasta los 4.227 euros. 

     En el lado opuesto se encuentran hasta 22 Ayuntamientos con una salud financiera envidiable; no deben un sólo euro a los bancos. Son los casos de El Almendro, Bonares, Cabezas Rubias, Castaño del Robledo, El Cerro del Andévalo, Corteconcepción, Cumbres de En medio, El Granado, Jabugo, Paterna del Campo, Paymogo, Puebla de Guzmán, Puerto del Moral, San Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán, Santa Barbara de Casa, Valdelarco, Villalba del Alcor, Villanueva de las Cruces, Zufre y La Zarza. En estos municipios bien podría integrarse Palos de La Frontera, que a penas tiene una deuda de siete euros por habitante.  

     A pesar de todo, diez corporaciones locales en la provincia tienen una deuda superior a los 1.000 euros por habitante. Ahí encontramos a Punta Umbría (1.190 €), Nerva (1.590 €), Lepe (1.020 €), Isla Cristina (1.134 €), Cortegana (1.868 €), Bollullos Par del Condado (1.011 €), Ayamonte (2.099 €), Aroche (1.015 €), Almonte (1.662 €) y Huelva capital (1.163 €).

     En cuanto al derroche económico no hay partido o líder político que en los años de bonanza no incrementase la deuda de manera irresponsable e incluso temeraria. Tiempos en los que el ladrillo inyectaban suculentas cantidades en concepto de impuestos y tasas. Al albur de estos ingresos algunos Ayuntamientos engordaron de manera sistemática sus presupuestos y se embarcaron en infraestructuras faraónicas que superaban, con mucho, sus posibilidades reales. La Ley era bastante laxa en cuanto al endeudamiento municipal y, sus dirigentes, tan sólo tenían que incrementar el presupuesto de manera artificial para elevar el techo de deuda. Todo ello sin contar, las facturas que quedaban ‘olvidadas’ en el cajón y que  daban la cara, en el mejor de los casos, hasta el final del año . En este dislate contaron con la irresponsabilidad de entidades de crédito que se mostraban siempre dispuestas a dar carta blanca a todos las peticiones de crédito

     Tras esta etapa de dispendio desaforado, la austeridad y la cordura volvieron a la gestión pública y, desde el año 2010 la deuda de la mayor parte de los Ayuntamiento ha ido bajando de manera paulatina y sostenida en el tiempo, amoldando los gastos a los ingresos reales de cada institución local. 

  En cualquier caso, la mayor parte del éxito económico para no endeudar a los ciudadanos es tener una plantilla comedida que no supere el 30 o el 40 por cien de los presupuestos municipales. No obstante, la política de engordar la nómina como recurso con los que comprar voluntades y apoyos fue un recurso utilizado por un gran número de alcaldes. Famosa y mediática fue la decisión del ex alcalde de Bollullos par del Condado, Carlos Sánchez, de hacer fijos a cuarenta trabajadores antes de que prosperase una moción de censura que lo despojaría del poder.