Las invisibles de los invisibles: las mujeres en los asentamientos chabolistas de Huelva

Cuarenta asentamientos de infraviviendas acogen en plena temporada alta de la fresa a varios miles de personas. Entre ellas mujeres, en un ambiente difícil. Conforman la particular geografía del chabolismo en pleno siglo XXI. Son como cuarenta campamentos en una provincia con una docena de pueblos freseros. Así sobreviven.

El problema de los asentamientos en las zonas agrícolas de Huelva no es nuevo. Ha salido en multitud de ocasiones en la prensa, en todos los medios, a todos los niveles. Periódicamente, un incendio sacude las conciencias de la opinión pública. 

Las personas que viven en los asentamientos de Huelva tienen un perfil particular en comparación con otros poblados chabolistas del país. “Suelen ser migrantes que trabajan como temporeros, algunos con papeles y otros en situación irregular”, explica Alicia Navascués de Asnuci. “En total, puede haber más de 3.000 personas viviendo en chabolas. Hay muchos asentamientos en Lepe, alguno en Cartaya, y luego concentrados en la zona de Palos, Lucena del Puerto y Moguer”. En total, se calcula que hay 40 asentamientos repartidos, fundamentalmente, por las zonas agrícolas.

No hay datos concretos sobre el número total de mujeres que viven allí, según las fuentes consultadas por este medio. 

“La problemática que sufre el asentamiento en ese sentido, a grandes rasgos, no hay diferencias entre hombres y mujeres, aunque sí es cierto que las mujeres sufren otros problemas añadidos. Especialmente las mujeres que están solas”, explica Pepa Suárez de la Asociación Multicultural de Mazagón. “Desde nuestra asociación lo que intentamos es visibilizar los problemas que tienen los asentamientos y las personas que conviven allí. Hay pocas mujeres, son las menos. Además, cada persona tiene una casuística distinta: algunas eran contratadas en origen y se han quedado, otras tenían familiares aquí, otras han venido solas…”

La realidad: no hay perspectiva de género en los asentamientos. Son las invisibles de los invisibles.

El origen de estas migrantes también es diferente, como lo es su historia. “Las mujeres yo no creo que tengan más capacidad o más oportunidades para tener una solución habitacional. La tienen las que vienen con contrato en origen, que son todas mujeres, pero las que se quedan fuera del contrato en origen y vienen por otras vías tienen las mismas posibilidades que los hombres que viven en el campo”, explica Pepa Suárez. 

Vivir en los asentamientos tiene sus riesgos, aunque muchas los asumen por la difícil situación que les espera en sus países de origen. “En el último incendio que ha habido en el asentamiento de Palos, las compañeras nos llamaron ese día a las seis de la mañana llorando, muy asustadas, porque había mucho humo. Hace un año hubo otro incendio allí, que quemó 60 chabolas, así que viven con miedo de morir quemadas”, explica Ana Pinto, de Jornaleras en Lucha. 

“Las administraciones han estado ausentes en el incendio, solo han dado mantas y agua. Un incendio en el que ha habido 400 personas damnificadas, eso es un pueblo, un pueblecito pequeño”, compara Pepa desde la Asociación Multicultural de Mazagón. “Es imposible pensar que si el incendio hubiera sido en un pueblo la respuesta de las administraciones hubiera sido esta. Para ellos no existen, no tienen derechos”. 

“Esto ocurrió el viernes 19, el fuego arrasó el asentamiento y no se ha ofrecido ninguna solución habitacional para ninguna de estas personas. Algunos han podido reubicarse en otros asentamientos, y algunos se han quedado durmiendo en palés sobre las cenizas”, completa Pinto.

De nuevo, la particularidad de los asentamientos de Huelva: se trata de personas trabajadoras que reciben un salario. “La mayoría está trabajando ahora mismo en la fresa, y la mayoría se quejan de que como si no tuviera suficiente con que los exploten en el tajo ahora lo pierden todo en un incendio. Incluso la documentación que acredita que pueden trabajar, los que tienen sus papeles en reglas”, explica Ana Pinto. “Algunos están volviendo a construir sus chabolas encima de las cenizas”.

Desde algunos sectores de la patronal tienen su posición clara: ellos pagan su sueldo a los trabajadores y cumplen con la ley en cuanto a términos empresariales se refiere. "Si estas personas eligen no vivir en una casa, es su decisión libre como adultos. Reciben el salario estipulado por el trabajo realizado”, afirman fuentes del sector. 

La pregunta es inevitable. ¿Por qué no buscan una vivienda si están trabajando? “Primero porque el parque de viviendas para alquilar es mínimo. Segundo, por la reticencia de la gente de la zona a alquilar a inmigrantes, y tercero, porque la mayoría de los empresarios en realidad a estos trabajadores no les hacen contrato. Y las administraciones no dan respuesta habitacional duradera a estos trabajadores. Los temporeros están hartos de decir que ellos quieren pagar una vivienda, pero que no hay”, cuenta Pepa a raíz de su experiencia de trabajo con estas personas. Además, muchas de estas personas envían gran parte del dinero que ganan a sus lugares de origen. 

"Nuestra posición es clara, y así lo hemos manifestado en otras ocasiones", explica Manuel Piedra, secretario general de UPA Huelva. "Nosotros queremos que todo el peso de la ley caiga sobre quien incumple la ley, pero que no nos traten a todos como criminales, porque no hay derecho tampoco a eso. Este año estamos recibiendo más inspecciones de trabajo que nunca y, ojo, nos parece bien. Es más, queremos que las hagan. Pero queremos que nos traten con respeto, no como si fuéramos criminales, porque no lo somos".

La vida en los asentamientos no es fácil. El principal problema es la temperatura. “Son chabolas hechas de plástico, cartón y palés, y lo primero es soportar las condiciones climatológicas. Tienen que soportar situaciones de frío y de calor, no hay luz eléctrica, no hay agua, no puedes tener ni en medio de una pandemia unas condiciones higiénicas que luego nos exigen las autoridades. Está lleno de basura, es un foco de infección”, explica Pepa. 

Desde Jornaleras en Lucha denuncian la falta de compromiso de algunos empresarios con esta situación. “Hay que tener en cuenta de que la patronal siempre se está quejando de que no tiene mano de obra y bueno, realmente se están aprovechando de la situación de esta personas, cuando son trabajadores suyos, y sin embargo miran para otro lado. La mayoría de las personas que viven ahí trabajan en el campo todo el tiempo. Les están permitiendo construir las chabolas de nuevo porque les interesa que estén ahí porque les salen muy rentables a los empresarios. Muchos de ellos que no tienen papeles están trabajando. Un poco de responsabilidad creo que hay ahí por parte de los empresarios. El relator de la ONU lo decía en su informe, que tenemos empresas multinacionales que generan millones de euros y no hacen nada”, reclama Ana Pinto.

Eso sí, no son ciegas a la problemática del sector. “Creemos también que los empresarios tienen que recibir precios justos, y nosotras hemos dicho que estamos dispuestas a ir de la mano con los empresarios a reclamar precios justo, pero queremos que se respeten nuestros derechos como trabajadores”, ofrece Pinto. Eso sí, “no les será tan poco rentable cuando todos los años siguen sembrando”.