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La Guardia Civil, sin baños en los ejercicios de tiro desde hace 4 meses
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La Guardia Civil, sin baños en los ejercicios de tiro desde hace 4 meses

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La Asociación Unificada de Guardias Civiles de Huelva (AUGC) realizó una petición al Jefe de la Comandancia para la instalación de dos baños portátiles mientras se realizan los ejercicios de tiro en una mina abandonada de la localidad de Riotinto.

Dicha solicitud se presentó tras las quejas efectuadas por los trabajadores, que ante la carencia de estas instalaciones deben realizar sus necesidades fisiológicas en el campo, entre los vehículos oficiales o entre los árboles.

La petición se realizó en base al Real Decreto ley 1627/1997 que establece en el artículo 15 de normas de Seguridad y salud que se disponga de un baño por cada 25 hombres y uno por cada 15 mujeres, de un lavabo por cada retrete y de un urinario por cada 25 hombres.

Según la norma española UNE-EN 16194 el mínimo de cabinas a instalar es de dos, una para hombres y otra para mujeres, de acuerdo con la cantidad de guardias civiles que participan cada día en los ejercicios de tiro, sin olvidar al personal sanitario y los propios instructores y directores de tiro.

Es de aplicación también la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, toda vez que se tiran residuos a los suelos.

Según la AUGC, la contestación a la petición fue sorprendente, ya que, dicen, “no resuelve si se va a instalar o no. Señaló que se cumplen los mínimos de seguridad y salud en los lugares de trabajo, como si las necesidades fisiológicas o la higiene personal fuera una cuestión de seguridad”.

Ante esta contestación AUGC Huelva recurrió a la Zona que tampoco lo resolvió baso la resolución en que la Asociaciones Profesionales no podían peticionar ese tipo de derechos.

Se trataba de una prueba más a añadir a las ya muchas que se han denunciado del trato que la guardia civil da a sus trabajadores/as.

Los Servicios Jurídicos de AUGC HUELVA, realizaron entonces una petición individual, que fue resuelta nuevamente como si se tratara de una solicitud de una Asociación y no una petición personal, teniendo que presentar queja ante el Defensor del Pueblo, para que se resolviera dicha petición.

La solicitud fue remitida el 10 de septiembre de 2020 a un departamento de la zona de Andalucía que hasta la fecha tampoco ha resuelto dicha petición, más de cuatro meses después, incumpliendo la Ley PAC, ni se ha comunicado la recepción del escrito, desconociendo si el mismo ha llegado o no, ni se le ha dado acuse de recibo, ni si quiera se tiene la certeza de quien va a resolver la petición.

Por ello cuatro meses después se ha vuelto a reclamar la contestación por la Autoridad que tenga competencias para hacerlo.

“En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución.”

Dicen desde la AUGC que esto “es una prueba más de los incumplimientos de las normas que se producen dentro del Cuerpo de la Guardia Civil, que funciona sin someterse en algunas ocasiones a la normativa que deben respetar todos los ciudadanos, en este caso concreto, consideramos que se está dilatando las contestaciones a las peticiones realizadas para intentar que se olvide la petición”.

Los Servicios Jurídicos de AUGC HUELVA seguirán reclamando la resolución de la petición realizada para que si la misma no resuelve en forma positiva con la instalación de los cuartos de baños portátiles para hombres y mujeres, continuar con la vía jurisdiccional, al considerar que es un derecho de los trabajadores del cuerpo de la guardia civil, contar con estas instalaciones durante el ejercicio de tiro, a pesar de que la guardia civil considera que la normativa sobre la instalación de baños portátiles, no se aplica al Cuerpo de la Guardia Civil, así se lo han comunicado al Defensor del Pueblo.