Reconocen la peligrosidad laboral por trabajar en el centro de menores Juan Ramón Jiménez

El sindicato CSIF ha ganado seis demandas presentadas en los juzgados de lo Social de Huelva para que se reconociera judicialmente la peligrosidad, penosidad y toxicidad a la que están expuestos los trabajadores del centro de menores Juan Ramón Jiménez de la capital.

Todos los juicios celebrados han tenido el mismo resultado para los seis empleados públicos que han presentado esta reclamación a través del sindicato: se estima el derecho de este personal a percibir el plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad mientras continúen las condiciones y circunstancias en las que actualmente desarrollan su trabajo. CSIF lo ha conseguido por primera vez para trabajadores de este centro, avanza la central sindical en una nota.

En la sentencia se recoge, expresamente, cómo la realización de sus funciones supone la atención a menores de entre 12 y 18 años “en los que confluyen diferentes problemáticas sociales y dificultades derivadas de una situación de vulnerabilidad y desestructuración socio-familiar, además de diferencias culturales y formas de vida que dificultan la integración social. También se dan otro tipo de problemáticas asociadas a trastornos de comportamiento, adicciones y circunstancias relacionadas con la salud".

En la sentencia se hace mención, paralelamente, a otra particularidad y es que desde el año 2000 se atiende a menores extranjeros no acompañados por un adulto, que llegaban a Andalucía de manera masiva; esto supuso, para el centro de protección de menores la inclusión del Programa de Acogida Inmediata (lo que significa que estos niños no pueden permanecer en él más de tres meses). Para realizar este trabajo, tal y como recoge el documento, “no existen protocolos específicos en temas de salud previo al ingreso de estos menores”, ni tampoco una normativa específica para aplicar en estos centros en caso de agresiones a trabajadores. Del mismo modo, CSIF explica que no existe cobertura de responsabilidad civil frente a estas agresiones, ni valoración del riesgo del puesto de trabajo, algo que desde hace más de seis años viene denunciando esta central sindical (llevando esta problemática a las mesas de negociación y subcomisiones de seguimiento de la actual Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación).

Por todo ello, los tribunales han estimado las seis demandas de CSIF (interpuestas cada una de ellas para un trabajador o trabajadora del centro) para que se abone el plus de peligrosidad, toxicidad y penosidad. Este complemento salarial se irá diluyendo conforme la Administración vaya tomando las medidas oportunas para subsanar las condiciones que lo han provocado.

En concreto, estas primeras sentencias estimatorias se refieren al año 2016 ya que CSIF presentó la primera demanda en el 2017 y el plus de peligrosidad sólo puede solicitarse por un año con carácter retroactivo. Por este motivo, la central sindical ha ido interponiendo más demandas judiciales individualmente para cubrir los años siguientes.

Para CSIF, estas sentencias suponen “un importante reconocimiento para un colectivo de trabajadores que se enfrenta cada día a situaciones realmente complicadas con los menores. Se trata de problemas graves que pueden desembocar en agresiones o tensiones en el centro, además del riesgo al que están expuestos por mantener contacto directo con los menores”.

Para la central sindical, “es lógico y justo que se les compense por las difíciles circunstancias en las que tienen que desarrollar su trabajo y esperamos que finalmente se puedan consolidar estas situaciones específicas en la valoración del riesgo en los puestos de trabajo, para quede expresamente reconocido en el plano laboral”.

Residencia de Mayores

Por todo esto, CSIF explica que “seguimos trabajando para que el mencionado reconocimiento se haga extensible a todos los trabajadores que prestan servicios en centros que por sus características y el perfil de los residentes son susceptibles de recibir el plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad”. En concreto, el sindicato precisa que se da este caso también en la residencia de mayores de la Junta de Andalucía, en la que conviven personas en situación de exclusión social.

El personal- asegura CSIF- “vive una situación continuada en el tiempo de amenazas, agresiones verbales e incluso físicas en muchas ocasiones que provocan en el estado emocional de los trabajadores episodios de ansiedad y miedo, dificultando el desarrollo normal de sus funciones”. Este caso ya ha sido denunciado en multitud de ocasiones ante la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones No Contributivas.

Estos trabajadores “también deberían obtener el reconocimiento de peligrosidad, penosidad y toxicidad pero dado que las residencias no están oficialmente reconocidas como centro residencial de atención a personas mayores en situación de exclusión social, se ven aún más desprotegidos”.