Los alcaldes y alcaldesas de la Cuenca Minera han exigido hoy al actual Gobierno de derechas de la Junta de Andalucía que emita “sin más esperas ni más excusas” la nueva Autorización Ambiental Unificada (AAU) a la mina de Riotinto, un documento que, según ha denunciado, “lleva más de 400 días paralizado, olvidado y bloqueado”. Desde el Partido Socialista no se entiende que una autorización de la que depende la continuidad de la actividad minera “lleve más de un año guardada” en el despacho de la titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, que “ha olvidado sus competencias –han reprochado- y no ha trabajado con agilidad en la redacción y tramitación de la nueva AAU”.
“Resulta vergonzoso –han dicho- que el anterior Gobierno, que fue trabajando en el asunto para que la mina sufriera lo menos posible y con ello sus trabajadores, inició el procedimiento para dejar el documento listo a falta de completar los trámites administrativos que requería el recurso”. Los alcaldes y alcaldesas han explicado que no se pudo finalizar porque el recurso de la empresa no se falló hasta el 20 de noviembre de 2018, solo 12 días antes de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre que, “aunque ganó el PSOE, el PP pactó con Cs y Vox para lograr la investidura y formar un gobierno que ha sido incompetente para resolver los trámites que restaban y emitir una nueva AAU”.
Recordar que el 20 de noviembre de 2018 conocíamos que el Tribunal Supremo (TS) confirmaba la anulación de la AAU a la mina de Riotinto (concedida en marzo de 2014) al no admitir el recurso de casación de la empresa Atalaya Riotinto Minera contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dictada en septiembre de 2018, que anuló esa AAU por un defecto de forma. Según la providencia, por “falta de fundamentación” y porque “carecía de interés casacional”. La sentencia del TS argumentaba que la AAU firmada el 27 de marzo de 2014, no es nula de pleno derecho, aunque carecía de documentación administrativa que no fue expuesta a información pública, requisito que el TS exige que se cumpla. Lo que se está haciendo, pues, es arreglar el proceso administrativo, con los documentos requeridos, según la sentencia. Así, los alcaldes se preguntan: ¿Qué ha hecho el PP durante este año para completar este proceso?”, han concluido.
