Las monitoras de educación especial harán huelga para exigir que las subroguen
Las 140 monitoras de educación especial (MEE) de que hay en la provincia de Huelva se enfrentan a la amenaza de la pérdida de sus empleos después de que la Junta de Andalucía haya anunciado su intención de regularizar su situación laboral. Lo que en principio podría ser una buena noticia -pasar de ser trabajadoras contratadas en precario por empresas privadas a ser empleadas públicas- se ha convertido más bien en una pesadilla.
Educación se encuentra negociando la manera de regularizar a las PTIS (profesional técnico de integración social) después de que la Intervención General de la Junta haya establecido que se trata de un servicio estructural que no debe estar externalizado.
La Consejería de Educación pretende solucionar el problema creando una bolsa en la que entren hasta 1.500 monitoras en cuatro años. No obstante, las PTIS consideran que este sistema más que beneficiarles las va a dejar en la calle porque es muy difícil acreditar la experiencia profesional al estar contratadas en precario. En este sentido, María José López, presidenta del comité de empresa, señala que "no se nos tiene en cuenta el trabajo en centros públicos ni la categoría profesional. En la mayoría de los casos, los contratos son de auxiliar técnico educativo, no se nos pagan las vacaciones y como hemos estado como fijas discontinuas, la cotización se reduce casi a la mitad; con estas condiciones, no tenemos cabida en ninguna bolsa".
Frente a ello, lo que quieren las PTIS es que se las subroguen, es decir, que pasen a ser personal laboral de la Junta de Andalucía, que se les reconozca la categoría profesional de PTIS educativo y que se valore la experiencia y la antigüedad laboral en los centros públicos.
Para exigirlo, se ha creado un grupo de trabajo con representantes de las trabajadoras y de CCOO en las ocho provincias andaluzas que piensa realizar "un calendario de huelga indefinida a principios de año que afectará a muchos niños discapacidad y a sus familias", adelanta María José López, quien asegura que aún no está cerrado porque faltan provincias por consensuar.
Las monitoras quieren que Educación convoque una mesa de negociación en la que estén representadas todas las partes: sindicatos, Función Pública y Consejería que permita llegar a un acuerdo que dé estabilidad a unas profesionales que llevan trabajando 18 años en el sector público con sueldos de 600 euros al mes. "La Administración tiene que coger el toro por los cuernos de una vez, porque después de tres reuniones, no tenemos nada", se queja López.
En Andalucía hay dos empresas contratadas por la Junta para ofrecer asistencia a menores con necesidades educativas especiales: Fundación Samu y Al Alba. María José López denuncia que la Fundación Samu no les está pagando las subidas salariales y los atrasos aprobados en julio en el convenio colectivo. A ello se suma las desigualdades entre provincias: "En Málaga nadie cobra los trienios"-señala López- "y en Huelva somos la única provincia que nos han hecho indefinidas gracias a la Inspección de Trabajo; éste ha sido el primer verano que hemos cobrado las vacaciones".
