El Ayuntamiento de Punta estudia si aceptar la sentencia de las torres

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Punta Umbría ha encargado a los servicios técnicos y jurídicos estudiar la posibilidad de aceptar la sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 3 de Huelva que anula el acuerdo de Pleno del 27 de septiembre del 2017, por el que se pusieron a la venta los terrenos de la avenida Ciudad de Huelva, en los que está proyectado el residencial William Martin. Este estudio, que ya se está realizando, marcará las consecuencias y cual será el procedimiento a seguir.

El concejal de Economía, Daniel Ferrera ha señalado que “se están estudiando las opciones disponibles con el objetivo de que comiencen lo antes posible unas obras con las que se van a crear una gran cantidad de empleos”.

Según Ferrera, “este equipo de Gobierno es sensato y coherente y creemos que Punta Umbría no puede permitirse el lujo de esperar para que empiecen las obras”, a lo que ha añadido que “aguardar a que concluyan las distintas resoluciones judiciales puede demorar mucho tiempo el inicio de un proyecto que es esencial para nuestro pueblo”.

En este sentido, Ferrera ha indicado que “está en juego la creación de 500  puestos de trabajo y una considerable mejora del entorno y de distintas zonas del municipio que dependen de la venta de esas parcelas”.

El proyecto de la avenida Ciudad de Huelva se extiende por una superficie de algo más de 30.000 metros cuadrados de los que, únicamente, una sexta parte está destinada a viviendas y comercial.

Reacción

Por su parte, la empresa RIAUMBRIA ha manifestado su total desacuerdo con el anuncio realizado hoy por el Ayuntamiento de Punta Umbría de estudiar no recurrir la sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 3 de Huelva que anula el acuerdo de Pleno del 27 de septiembre del 2017, que hizo posible la venta los terrenos de la avenida Ciudad de Huelva en los que está previsto el proyecto urbanístico y residencial William Martin.

RIAUMBRIA se considera perjudicada ya que ha actuado en todo momento de buena fe y confiando en la legalidad de las acciones de una administración pública. Por todo ello la sociedad promotora del proyecto ha anunciado que en caso de que el Ayuntamiento opte por aceptar la sentencia solicitará las correspondientes indemnizaciones legales por los perjuicios y pérdidas ocasionadas.