La defensa de la familia pide nuevas pruebas que arrojen luz sobre el autor del asesinato de Miguel Ángel Domínguez y a su hija María

La defensa de la familia de las víctimas del doble crimen de Almonte ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado, que investiga las muertes de Miguel Ángel Domínguez y a su hija María, ambos asesinados en el domicilio familiar en abril de 2013, en el que solicita nuevas pruebas. Entre ellas, la exhumación de los cadáveres para una segunda autopsia, ya que no existe a día de hoy ningún inculpado ni condenado tras la absolución del único acusado.

En un escrito, el letrado solicita esta exhumación y la realización de un análisis de la manta que cubría a la menor y del vestido que llevaba puesto cuando ocurrieron los hechos, ya que en su día se recortó un trozo de esa manta, dio positivo de sangre de ella misma, pero considera que "hay que hacer un examen exhaustivo" de ambas prendas, al tratarse de una prueba "útil, necesaria y pertinente" y que "no se ha hecho nunca", ya que de esa forma, "pueden aparecer restos del verdadero autor", según señala Europa Press.

A su vez, José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones, letrado que representa desde hace unas semanas a esta familia, solicita la ampliación del estudio podológico. Aunque ya consta en autos un informe pericial del podólogo forense Pablo Martínez-Escauliaza, en el que desarrolló "un completo y exhaustivo" informe sobre las pisadas halladas en el piso, la defensa propone que esa nueva prueba la realicen profesores podólogos de la Universidad de Barcelona llevando a cabo un estudio desde la Biomecánica, Antropometría y de las Leyes de la Física aplicadas a la Anatomía Humana, tomando la altura y el peso de Francisco Javier Medina, debiendo este ser citado para la realización de la citada prueba por el juzgado.

También solicita librar atento oficio al supermercado en el que trabajaba Medina para que informe al juzgado del modelo de la cámara de vigilancia que grabó imágenes suyas en el establecimiento unas horas antes de los hechos y el ángulo y la altura a la que estaba situada dicha cámara.

Al respecto, el letrado precisa que "también se podría librar oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) para que con sus medios pueda realizar un informe en tal sentido con todos los datos aquí reflejados" y previo conocimiento de la altura y peso de Medina y el modelo de la cámara de vigilancia, entre otros datos.

Según su criterio, es "importante contrastar y cuantificar determinados datos de Medina y poder encontrar una compatibilidad con el informe podológico que ya realizó el forense para el juicio y en donde de alguna manera, casi evidente, llegó a manifestar en su informe que las pisadas halladas en el piso podrían corresponder con las de Medina", a lo que ha añadido que "si este informe se hace correctamente y se concluye que las pisadas son suyas, esta investigación produce un vuelco y será otra prueba de cargo que llevará al verdadero autor de los hechos".

En esta línea, la defensa pide encargar a la UCO una investigación para establecer las horas de los móviles de la madre y expareja de los fallecidos; de la vecina ecuatoriana que "escuchó importantes ruidos y golpes y de su novio, ya que ambos durante los crímenes se estaban whatsapeando contándole ella a él lo que estaba escuchando".

Para ello, solicita interrogar al agente de la Guardia Civil que llevó a cabo la investigación de realizar la copia del móvil de la vecina para conocer si la hora del teléfono era la real; hacer la misma operativa con el teléfono del móvil de su novio y con el teléfono de la madre de la niña con el fin de comprobar la hora exacta del individuo que subió al citado inmueble y cometió los hechos y, por último, que el Departamento de Nuevas Tecnologías de la Guardia Civil explique mediante informe si en aquella época (abril de 2015) la hora de los teléfonos podían ponerse manualmente o si por el contrario se hacía de forma automática como existe en la actualidad en cualquier terminal móvil.

EL HALLAZGO DEL CUCHILLO

En este mismo escrito, el abogado informa al juzgado de que en próximas fechas presentarán otro por separado reactivando la investigación de la pieza separada en donde apareció un cuchillo y "que muy posiblemente fue con el que se cometió estos hechos tan deplorables y que al final ni se ha investigado o se investigó de forma insuficiente".

Al respecto, ha insistido en que "siguen habiendo muchas contradicciones y la familia se muestra segura de que detrás de la aparición del cuchillo hay una trama que consiguió que el verdadero cuchillo que se encontró en la alcantarilla no sea el que llegó al juzgado dos años después o que todo se llevara de forma silenciosa con la intención de que esa circunstancia no trascendiera a la opinión pública al entonces encontrarse en fecha cercana a la celebración del juicio y ello hubiera sido un escándalo de considerables dimensiones".

SON NUEVAS PRUEBAS

José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones ha remarcado que no están solicitando pruebas ya realizadas sino que "son indicios de cargo 'ex novo' que, con toda seguridad, ayudará a avanzar en esta investigación y poder culminar un enjuiciamiento penal identificando al autor", ya que, según ha proseguido, "dejar un crimen de esta naturaleza sin determinación de su autoría sería un gran fracaso de todos los intervinientes en este proceso penal".

A su vez, pide al juzgado que tome declaración al agente de la Guardia Civil responsable del nuevo equipo de investigación de la UCO que, desde hace unas semanas, está investigando de nuevo el caso, para que informe en qué momento se encuentra y cuáles son los nuevos datos obtenidos o anticipe los resultados de la misma.

Por último, el letrado ha remarcado que en el veredicto absolutorio de Medina existe "una distorsión entre lo justo y lo legal y cuando estos dos términos no coinciden es que se está haciendo una justicia con minúsculas".

Al respecto, ha recordado que la defensa del entonces procesado, el letrado Francisco Baena Bocanegra, fue "astuto y hábil, introduciendo en el debate elementos contradictorios con el objetivo de crear dudas al jurado popular y lo consiguió", a lo que ha añadido que existe un principio fundamental en el Derecho Penal que dice que "más vale absolver a un presunto culpable que condenar a un inocente, y eso es lo que ocurrió, a pesar de que existen pruebas irrefutables, en donde se considera que el autor de los hechos recae en Francisco Javier Medina".

Por último, el letrado espera que estas "afirmaciones respetuosas no se intenten boicotear con amenazas de querella por la contraparte, que están manifestadas ante un tribunal" y ha vuelto a lamentar que Medina, "para desviar la atención, intente constituirse como acusación popular", una petición que espera que sea desestimada por el juzgado como ya solicitó este letrado en un escrito anterior.