El juicio contra el exalcalde de Bollullos por presunta prevaricación comienza el lunes
El juicio contra el exalcalde de Bollullos Par del Condado Francisco Díaz Ojeda por un presunto delito de prevaricación comienza el próximo lunes en el juzgado de Instrucción número 2 de La Palma del Condado. El fiscal pide para Díaz Ojeda una pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a raíz de la contratación para el montaje de la feria local en 2014.
Los cinco ediles que entonces tenía el PSOE en el Consistorio presentaron como grupo municipal socialista en abril de 2016 una denuncia ante el Ministerio Fiscal para que investigara un presunto delito de prevaricación por parte del que era alcalde en el momento del contrato, Francisco Díaz Ojeda, al “fraccionar el contrato para el montaje de la feria” en 2014 para que así no superara la cuantía que obliga a sacarlo a concurso público.
La Fiscalía expone en su acusación que entre los meses de julio y agosto de 2014, suscribió siete contratos con la mercantil Espectáculos A. Conde S.L. para la realización todos ellos de servicios para la feria local de ese año, siendo conocedor el acusado de que existían una serie de reparos por parte de la Intervención y de los Servicios Jurídicos de dicho Ayuntamiento, pues con este proceder se vulneraba lo dispuesto en el art. 86 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, según el cual: “no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”.
Los ediles socialistas denunciaron entonces que la empresa presentó en los juzgados de lo Contencioso Administrativo un recurso para que el Consistorio procediera al pago de una serie de facturas por servicios prestados por dicha entidad mercantil para la feria local del año 2014.
No obstante, desde el Ayuntamiento, gobernado ya por el PSOE, examinaron el expediente de este contrato y “se constató la existencia de diversas irregularidades” respecto a la celebración de los contratos, los cuales contaban con “reparos tanto por parte de la Intervención del Consistorio como de los servicios jurídicos”.
