Temor sindical al estallido de una crisis minera por la inseguridad jurídica del Proyecto Río Tinto

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula los permisos operativos de la mina de Riotinto y la ausencia de facto de Autorización Ambiental Unificada, tramitada por el anterior Gobierno andaluz, reflejada en sendos fallos del TSJA y del Tribunal Supremo han llevado la intranquilidad a la comarca minera y a los trabajadores y subcontratas de la explotación de Atalaya Mining.

El Comité de Empresa de la mina (USO y UGT) ha analizado la situación creada y muestra su “honda preocupación por la inseguridad jurídica en que se sitúa el Proyecto Río Tinto”. De hecho hoy mismo, la Junta de Andalucía comenzaba en Sevilla una serie de reuniones y contactos para solventar los escollos y errores técnicos, medioambientales y jurídicos que advierten las sentencias judiciales y que cuestionan la validez de los permisos y licencias concedidos hasta ahora por las autoridades de Minas y Medio Ambiente.

Mientras, la empresa Atalaya Mining PLC ha perdido en cinco días una gran parte de su valor en bolsa, provocando una espiral de ventas y recompras de acciones que han convertido su cotización en un tobogán.

Ante esta situación el Comité de Empresa entiende que "se ve amenazado el futuro de la explotación y se plantea un proceso de movilizaciones, tendentes a transmitir a las Administraciones y partidos políticos, nuestras exigencias para dar estabilidad a los más de 800 puestos de trabajo directos, más los indirectos e inducidos que genera la actividad minera”.

Los trabajadores han anunciado “una ronda urgente de reuniones con los representantes de las diferentes administraciones, Central, Autonómica, Provincial y Local, además de con todas las fuerzas políticas a nivel comarcal y provincial” para analizar la situación y buscar salidas y garantía de futuro a la explotación minera. Y ya anuncian la convocatoria de “una manifestación después de estos contactos, con la que se visualice la magnitud y la gravedad de la situación, que puede abocarnos a un panorama similar a la crisis de la minería sufrida en el año 2001”.

En un comunicado enviado a Diariodehuelva.es, el Comité de Empresa explica que “ha recibido la información relativa a la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la cual ratifica el pronunciamiento previo del mismo Tribunal que declaraba la anulabilidad de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la mina, por un defecto de forma en el procedimiento de información pública llevado a cabo por la Junta de Andalucía y por el que, según el mismo Tribunal, afectaba al derecho a participación de la ciudadanía en materia medioambiental”.

Y tras analizar las sentencias muestran “una honda preocupación ante la inseguridad jurídica en la que se sitúa el proyecto de la mina de Río Tinto y las posibles consecuencias que pueden sufrir los trabajadores en la estabilidad de sus empleos”. En la nota, el Comité de Empresa sale en defensa de los trabajadores y trabajadoras de la compañía y sus contratas, y de la empleabilidad que genera este sector en una zona que hace sólo tres años publicaba datos de paro por encima del 70% en algunas de sus localidades. “Por nuestra parte defenderemos los derechos y libertades laborales de los trabajadores y ciudadanos de la Cuenca Minera, ante lo que consideramos un atentado contra el derecho fundamental al trabajo”, asegura.

Los representantes de los trabajadores apoyan “la argumentación de la empresa y defiende el trabajo exhaustivo de su área medioambiental conscientes tanto Empresa como trabajadores, que la comarca donde se ubica la Mina y el paraje natural que la rodea, debe ser herencia vitalicia para todos los ciudadanos de la Cuenca Minera”.

Desde el Comité de Empresa se valora “de forma positiva la vigilancia del medio ambiente por asociaciones y partidos políticos, pero se reclama que no se utilicen las necesidades laborales de la comarca como arma electoral”.