El Registro Civil de Ayamonte: un funcionario para atender a 100.000 habitantes
Una representación de CSIF Huelva, encabezada por su presidente Juan Manuel Quilón, el vicepresidente Jacinto Ochoa y la responsable de Justicia Mari Paz de la Cruz, se reunió ayer con la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Huelva, Carmen Céspedes, y la secretaria general de Justicia, Carmen Calleja para abordar la “crítica” situación que atraviesa el Registro Civil de Ayamonte, con una única funcionaria para todo el partido judicial.
La responsable del sector de Justicia de CSIF Huelva, Mari Paz de la Cruz, ha explicado a la delegada que una única funcionaria se encarga de atender las necesidades de una población que alcanza los 96.588 habitantes, según datos del INE. Este partido judicial abarca siete municipios: Ayamonte, Lepe, Cartaya, Isla Cristina, Villablanca, San Silvestre de Guzmán y Sanlúcar de Guadiana. La sobrecarga se agrava con la presencia de temporeros en la zona, “lo que significa la crítica realidad que enfrenta el servicio de registro en este partido judicial”, ha señalado la responsable sindical.
La situación en el Registro Civil de Ayamonte ha sido objeto de denuncia por parte de CSIF Justicia Huelva “durante más de una década”, ha recordado De la Cruz. Asimismo, ha subrayado que “a pesar de soluciones provisionales en el pasado, como el nombramiento de una persona de refuerzo que desempeñó funciones durante tres años hasta diciembre de 2022, desde entonces no se ha designado nuevo personal”. Ante esta realidad, la responsable de Justicia de CSIF, Mari Paz de la Cruz, ha solicitado a la delegada de Función Pública de la Delegación de Justicia de Huelva, Carmen Céspedes, una revisión urgente de la asignación de recursos humanos y materiales en Ayamonte.
Desde el sindicato se ha alertado en numerosas ocasiones del colapso en esta localidad fronteriza al confluir varios condicionantes: el volumen de población, el alto índice de litigiosidad y la infradotación de los juzgados. Por eso, la portavoz de Justicia de CSIF subraya que “Ayamonte es uno de los puntos calientes de la provincia de Huelva por la escasez de personal”.
Respuesta de la Junta
Ante la reivindicación planteada por CSIF Justicia Huelva, Carmen Céspedes, delegada territorial de Justicia de la Junta de Andalucía en Huelva, ha confirmado que, si bien desde la provincia se ha solicitado el refuerzo necesario, aún no se ha obtenido la autorización correspondiente por parte de los servicios centrales de la Junta de Andalucía.
No obstante, Céspedes asegura que una vez concluyan las obras de remodelación del edificio, previstas para marzo, intentará que se lleve a cabo una ampliación de plantilla. La delegada subraya la “conciencia de la Administración autonómica sobre la significativa carga de trabajo y la imperiosa necesidad de fortalecer el equipo del Registro Civil de Ayamonte para garantizar una atención adecuada a la población”.
De la Cruz ha insistido que el Registro Civil de Ayamonte no se limita a las inscripciones diarias de nacimientos o defunciones, sino que abarca una variedad de trámites, desde expedientes de nacionalidad hasta cambios de nombre, inscripciones, matrimonios y más.
La carga de trabajo es descrita por la portavoz de Justicia de CSIF como “abrumadora”, incluyendo la atención al público, citas previas con demoras de hasta cuatro o cinco meses, gestiones telefónicas y electrónicas, así como la tramitación de numerosos tipos de expedientes. De especial relevancia son los expedientes de nacionalidad, que generan un volumen “considerable” de trabajo adicional al solicitarse la inscripción de toda la familia una vez resuelto e inscrito un caso.
De la Cruz, que califica la situación como “inhumana”, destaca que la única funcionaria a cargo trabaja muchas más horas de las correspondientes a su horario habitual, sin recibir compensación, con el objetivo de proporcionar un servicio público eficiente y evitar el colapso del Registro Civil. La responsable sindical hace un llamado a servicios centrales para la revisión “urgente” de la asignación de recursos y personal “para garantizar una atención adecuada a la ciudadanía y aliviar la carga sobre la única funcionaria responsable del Registro Civil”.
