36 agricultores compran a la Junta 664 hectáreas de la zona regable del Chanza
Un total de 36 jóvenes agricultores se han beneficiado ya del procedimiento abierto por la Junta de Andalucía para la implantación de hasta 77 explotaciones familiares y la transformación en regadío de 664,72 hectáreas de titularidad pública en la zona regable del Chanza. El 46,75 por ciento, casi la mitad, de los adjudicatarios son ya, por tanto, propietarios de pleno derecho de unas explotaciones que comenzaron a ponerse en marcha en 2003 bajo el paraguas de una iniciativa con un “marcado carácter social” que encuentra su origen en la Ley de Reforma Agraria y que abarca, además de a la localidad isleña, a los municipios de Ayamonte, Villablanca, Lepe, Cartaya y Aljaraque.
El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Pedro Pascual Hernández, ha ensalzado, en este sentido, la apuesta por la innovación, la diversificación y la comercialización que “siempre acompaña” a la savia
nueva que llega al campo. Según informa la Junta, la rúbrica de cada acto de compra significa, en definitiva, a juicio de Pedro Pascual Hernández, “futuro para la agricultura no sólo de la comarca, sino del conjunto de la provincia”. El delegado ha recordado la doble finalidad de promover el relevo generacional en un sector estratégico para la economía onubense y, al mismo tiempo, auspiciar que la tierra sea productiva, “para poner cada palmo de suelo que sea posible al servicio de la generación de empleo y riqueza y dar oportunidades a aquellos jóvenes que se niegan a abandonar el medio rural”, ha sentenciado.
Pedro Pascual Hernández, quien ha dejado claro que el objetivo es que la cifra siga en aumento hasta alcanzar al cien por cien de los concesionarios, en la medida en que “cada firma de una nueva escritura se erige en la mejor garantía de pervivencia de unas explotaciones que aportan diversificación socioeconómica, fijación de la población al territorio y mayores niveles de bienestar y calidad de vida en el medio rural”. Ése es, desde su óptica, el “acierto” de un programa con el que Huelva fue pionera en el conjunto de la comunidad autónoma y que se ha traducido en la puesta en regadío de las fincas que estaban adscritas al extinto Instituto Andaluz de Reforma y Desarrollo Agrario (IARA).
El proyecto contempla la asignación del suelo en régimen de concesión administrativa por un periodo de cuatro años en los que el beneficiario ha de abonar un canon. Una vez transcurrido este tiempo, el adjudicatario ya puede acceder a la propiedad de su parcela bajo un precio de compra al que se le descuenta la cantidad pagada en los años anteriores. No obstante, con la mirada puesta en la continuidad de la explotación, en el caso de que el agricultor no cuente en ese instante con capacidad para hacer frente a la liquidación siempre puede optar por prorrogar la concesión hasta en 25 años bajo las mismas condiciones.
Desde la Junta de Andalucía, con el fin de facilitar el acceso al crédito, se ha abierto, incluso, la posibilidad de suscribir hipotecas a favor de la Hacienda Pública. Esto, como remarca el delegado territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural se antojaba necesario, dado que a la hora de conceder los lotes se primaba el acceso a personas con escasos recursos y que, en consecuencia, pueden sufrir trabas a la hora de obtener préstamos bancarios. También se han tenido en cuenta a la hora de resolver el concurso otros aspectos como la residencia en la zona, la formación mediante cursos para la incorporación al sector y la titulación agraria.
