La Audiencia Nacional emite un auto que podría tumbar el proyecto de las balsas de fosfoyesos
La formación logra que las autorizaciones ambientales se tramiten con carácter previo al pronunciamiento judicial, de manera que el informe urbanístico desfavorable será "determinante"
La Audiencia Nacional pospondrá su pronunciamiento sobre el proyecto de Fertiberia para las balsas de fosfoyesos hasta que las autorizaciones ambientales hayan sido tramitadas y resueltas. Desde la Mesa de la Ría han destacado que la Audiencia atiende así la principal de las pretensiones que se presentaron ante estos tribunales mediante incidente de ejecución de sentencia de fecha 8 de marzo de 2016 en relación a un proyecto que fue calificado como idóneo por el Ministerio de Medio Ambiente de Isabel García Tejerina.
La Mesa de la Ría ha considerado esta decisión de "especial relevancia para lograr evitar que el proyecto de enterrado de las balsas de fosfoyesos se lleve a cabo", ya que se consigue que el "informe negativo de compatibilidad urbanística pase a ser determinante". Con dicho informe desfavorable, la Autorización Ambiental Integrada de dicho proyecto tendrá que ser denegada y por tanto, el proyecto de Fertiberia nunca podría llegar a ejecutarse, afirma la Mesa de la Ría.
Con esa resolución desfavorable de la Junta de Andalucía, la Audiencia Nacional "en ningún caso podrá ejecutar la sentencia tal y como pretende hacerlo Fertiberia", y por tanto "tendrán que valorarse otras alternativas de restauración ambiental que sí resulten compatibles con el ordenamiento urbanístico de la ciudad, es decir, devolviendo la zona a su condición originaria de marisma y de cauce del río Tinto".
Para esta formación, el auto judicial de 21 de octubre de 2016 supone un "paso importantísimo en la búsqueda de una solución definitiva al problema", y considera que la decisión de la Audiencia Nacional es "fruto de la ímproba batalla judicial que desde Mesa de la Ría se viene desarrollando en este proceso desde hace años".
Desde la Mesa de la Ría han instado a las administraciones local y autonómica a que, en el marco de sus competencias, actúen con "total escrupulosidad y respeto a la Ley", la cual deja bien claro, como así ha manifestado el propio Ayuntamiento ante la Audiencia Nacional, que el proyecto es incompatible con el ordenamiento urbanístico y que por tanto "no es susceptible de obtener la mencionada Autorización Ambiental Integrada".
