WWF replica a la Plataforma de los Regadíos del Condado y exige poner fin a “cultivos ilegales” en Doñana

La organización califica de "inaceptables" las "presiones" del sector agrícola y reclama la aplicación del Plan de la Corona Forestal de Doñana

La organización WWF ha presentado en Huelva su análisis sobre la aplicación del Plan de la Corona Forestal de Doñana, que ha abierto un conflicto entre la Administración autonómica y los regantes y el sector agrícola del Condado. Para WWF, se trata de "presiones inaceptables" por parte del sector agrícola, el mismo que ha convocado una manifestación frente al Parlamento andaluz la próxima semana para pedir una "amnistía a los regadíos ilegales alrededor de Doñana".

WWF ha pedido en una carta a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "se aplique cuanto antes el Plan de la Corona Forestal de Doñana". Según han afirmado desde la organización, el plan, aprobado en 2014 con el acuerdo del propio sector agrícola, es el "único instrumento que puede poner orden en el caos de cultivos existente" en la zona, "dar seguridad jurídica al sector, y asegurar la conservación del agua de la que dependen el futuro de la propia actividad agrícola en la zona y de los ecosistemas de Doñana".

El informe que ha elaborado WWF, a partir de datos obtenidos sobre el terreno, cartográficos y de imágenes satélite, demuestra que el impacto real del plan sobre el sector "es mucho menor" del que denuncia ahora la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado.

De aplicarse el plan, se estima que "3.200 hectáreas deberían ser eliminadas". Precisa la organización que 1.680 hectáreas han sido puestas en cultivo después de 2004, fecha de aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTAD) que "pretendía poner punto final al caos". De las 9.300 hectáreas restantes, que el plan llama "regables", 1.300 corresponden a superficie actualmente no cultivada -440 son simplemente errores cartográficos y 960 son fincas que entre 2012 y 2015 no se regaron ninguna temporada- por lo que "no están en explotación y no suponen la pérdida de ningún puesto de trabajo".

El resto de la superficie "no puede ser legalizada por no cumplir con otros criterios del plan: unas 220 hectáreas están en zona A, de Especial Protección de los Recursos Naturales, según el POTAD, y de las que quedan, 195 hectáreas son monte público transformado después de la Ley Forestal andaluza de 1992".

Sobre el posible cierre de muchas explotaciones, el análisis de WWF muestra que, en gran parte de los casos, la superficie de regadíos a eliminar "no corresponde a fincas enteras". Se trata en muchos casos de "trozos de fincas que han crecido ilegalmente desde 2004, y que suponen tan sólo una parte de la explotación".

"Nuestro análisis demuestra que el sector agrícola de Huelva gana mucho más de lo que pierde con el Plan de la Corona Forestal de Doñana", ha asegurado el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo. "No entendemos cómo el mismo sector que apoyó el plan hace poco más de un año se manifiesta ahora a las puertas del Parlamento pidiendo una amnistía".

Para WWF, la aplicación del plan es "lo único que puede poner orden en el entorno de Doñana, donde los cultivos de fresa ilegales, las balsas de riego y los pozos han crecido sin ningún tipo de control durante décadas".

Actualmente, el acuífero que da vida al Parque Nacional de Doñana está considerado "en mal estado" y la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España "por el uso ilegal e insostenible de agua". Además, las grandes cadenas de supermercados europeos (más del 80% de las fresas cultivadas en Huelva se exportan a la UE) y la Unesco han pedido que se aplique cuanto antes el Plan de la Corona Forestal y "se ponga fin al robo del agua".

Para el sector agrícola, a juicio de WWF, el Plan de la Corona Forestal supone "mejorar su imagen internacional, dar seguridad jurídica a los agricultores y asegurar el futuro de los recursos naturales de los que depende su propia supervivencia". Así, la organización argumenta que pedir una "amnistía total para los cultivos y los pozos ilegales es suicida".