El tamaño de los chiringuitos, bajo vigilancia en las playas de Huelva: “Casi todos ocupan más espacio del permitido”.
La Consejería de Medio Ambiente y Costas vigilan cada temporada las dimensiones de las instalaciones y advierten de posibles sanciones, precintos e incluso demoliciones en caso de incumplimiento
La instalación de chiringuitos en las playas de Huelva vuelve cada año a situarse en el centro del debate entre administraciones, empresarios y vecinos. El proceso arranca cada año, cuando los ayuntamientos presentan ante la Junta y el Ministerio los conocidos planes de playa, documentos en los que se recoge qué servicios y establecimientos quieren autorizar en el litoral durante la temporada.
Es la administración ambiental (Junta de Andalucía) la que finalmente autoriza estas instalaciones, mientras que técnicos de distintos organismos realizan posteriormente inspecciones para comprobar que los negocios cumplen las condiciones establecidas. Uno de los principales focos de conflicto está en los metros ocupados por los chiringuitos.
La normativa diferencia entre playas urbanas y naturales. En las zonas no urbanas, consideradas de mayor protección ambiental, los establecimientos pueden disponer de 20 metros cuadrados cerrados y hasta 50 metros de terraza, alcanzando un máximo de 70 metros. En las playas urbanas, en cambio, se permite la misma superficie cerrada, pero hasta 100 metros de terraza.
Sin embargo, según explican fuentes vinculadas a las inspecciones, “la realidad es que prácticamente todos los chiringuitos ocupan más superficie de la autorizada”. Ahí es donde intervienen Costas, el Ministerio y Medio Ambiente, que realizan mediciones sobre el terreno. Cuando detectan excesos, elaboran informes desfavorables que se trasladan a la Junta por incumplimiento de los requisitos.
En los casos más graves, especialmente cuando se instalan estructuras de gran tamaño o fuera de los límites permitidos, se pueden abrir expedientes sancionadores que derivan incluso en órdenes de precinto, demolición y restauración del entorno natural.
Otro aspecto especialmente vigilado es el calendario de explotación. Los denominados servicios de temporada únicamente pueden permanecer instalados entre marzo y octubre. Si no desmontan tras finalizar ese periodo, también se enfrentan a sanciones. Distinta situación tienen aquellos chiringuitos que cuentan con concesiones administrativas de Costas por varios años, que sí pueden mantenerse abiertos durante todo el año.
Las administraciones reconocen además que cada vez existen más problemas para autorizar nuevos establecimientos en zonas donde “ya no hay espacio suficiente” o donde la presión urbanística y ambiental complica cualquier nueva instalación.
Uno de los casos recientes que más repercusión ha tenido ha sido el de Punta Umbría, donde un movimiento vecinal llevó ante los juzgados la situación de varios chiringuitos. Según las fuentes consultadas, el Ministerio carece de capacidad inmediata para actuar directamente con maquinaria y ejecutar demoliciones, mientras que los ayuntamientos sí tienen una herramienta clave: la concesión de licencias de actividad.
“Si los ayuntamientos cumplieran estrictamente, no darían licencias a quienes no cumplen”, apuntan estas mismas fuentes sobre un conflicto que ha terminado teniendo repercusión política en el municipio costero onubense.