El Defensor del Pueblo Andaluz abre una investigación por graves fallos en los cribados de cáncer de mama
Jesús Maeztu alerta de la alarma social generada por la falta de comunicación de resultados a miles de mujeres
El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio tras detectarse graves disfunciones en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en Andalucía, vigente desde 1995. La institución advierte que se trata de la primera investigación general en 30 años, motivada por los retrasos en diagnósticos y la ausencia de información a las pacientes, que han generado una grave alarma social.
Maeztu ha señalado que el objetivo es esclarecer causas, alcance sanitario y posibles daños derivados de la falta de comunicación de resultados a miles de mujeres que participan en el programa, que realiza cada año alrededor de 450.000 mamografías a mujeres de entre 49 y 71 años.
Según el Defensor, al menos 2.000 mujeres con resultados dudosos o no concluyentes desconocen su situación porque no se les informó ni se les citó para seguimiento. Esto, advierte Maeztu, pone en entredicho el principio esencial del programa, que es garantizar la detección precoz y una respuesta sanitaria oportuna.
La investigación abarca cuatro bloques de información que el Defensor ha solicitado a la Consejería de Salud y al SAS: aclarar por qué no se comunicaron determinados resultados, conocer la atención prestada a las pacientes afectadas, revisar los mecanismos de gestión y evaluación del programa desde 2022 y acceder a los informes y planes de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales.
La crisis ha llevado a la Fiscalía a abrir una investigación por posibles responsabilidades penales, mientras que partidos como IU y Adelante han presentado querellas por presuntos delitos de homicidio, lesiones imprudentes y omisión del deber de asistencia sanitaria. La asociación Amama, que destapó el caso, estudia la presentación de denuncias colectivas o individualizadas.
El Defensor subraya que la falta de comunicación de resultados vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley de Autonomía del Paciente, además de generar pérdida de oportunidades asistenciales y daños evitables.
Mientras tanto, el Gobierno andaluz, incapaz de determinar con exactitud el número de mujeres afectadas, ha anunciado una inversión adicional de 100 millones de euros y la contratación de 700 sanitarios, con Antonio Sanz al frente de la Consejería de Salud, en un intento de controlar la crisis sanitaria y comunicativa.
La investigación del Defensor busca determinar el alcance real de las deficiencias, evaluar el impacto en las pacientes y establecer medidas que eviten que se repitan situaciones similares en este y otros programas de cribado en Andalucía.