CSIF exige más vigilancia, refuerzo de personal y un plan de riesgos laborales en el Centro de Menores de Huelva

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a poner sobre la mesa la precaria situación de seguridad que sufren los empleados públicos del Centro de Protección de Menores de Huelva, reclamando a la Junta de Andalucía la adopción inmediata de medidas para garantizar su integridad.

Según el sindicato, que ya ha trasladado en varias ocasiones estas demandas a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, la Administración sigue sin ofrecer respuesta ni implementar las medidas solicitadas.

El responsable del sector de Administración General de la Junta en CSIF Huelva, Emilio Gallango, ha señalado que “se hace imprescindible actuar de inmediato para minimizar los riesgos inherentes al trabajo en este centro”. En este sentido, ha advertido del “grado de peligrosidad” al que están expuestos los profesionales y del “desamparo” que sienten por parte de los responsables políticos.

Entre las medidas reclamadas, CSIF plantea:

• La instalación de circuitos cerrados de seguridad y la contratación de vigilancia externa.

• El refuerzo del turno nocturno, que actualmente solo cubre un trabajador.

• La entrega de teléfonos móviles corporativos para mejorar la comunicación interna.

• La incorporación del “botón del pánico” como medida de respuesta inmediata.

Además de los recursos materiales, el sindicato insiste en la necesidad de elaborar un plan de prevención de riesgos laborales y psicosociales, así como en el reconocimiento del plus de peligrosidad a los empleados, un derecho ya avalado por los tribunales desde 2017.

CSIF también denuncia la falta de un protocolo específico contra agresiones en centros de menores y residencias de personas mayores en riesgo de exclusión social, así como un protocolo sanitario preventivo frente a enfermedades infectocontagiosas, reclamaciones elevadas al Comité de Seguridad y Salud sin respuesta efectiva.

“Llevamos años advirtiendo de esta situación sin obtener soluciones”, lamenta Gallango, quien concluye recordando que el objetivo último es proteger a los trabajadores y, al mismo tiempo, garantizar un entorno seguro y adecuado para los propios menores atendidos en el centro.