La 'legalización' de 450 balsas en Lucena agita el fantasma de una amnistía para los regadíos en Doñana

La Junta de Andalucía informó el pasado viernes de la emisión de una serie de resoluciones favorables al mantenimiento de construcciones y edificaciones vinculadas a explotaciones agrícolas en montes públicos del término municipal de Lucena del Puerto, en el entorno de Doñana

Según la nota suministrada, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio realizaba el reconocimiento de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO) a espacios incluidos en las conocidas como ‘Parcelas del Canon’ a partir de un informe favorable de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible sobre el monte público ‘Madrona y Valpajoso’.

En una reunión al efecto, los delegados territoriales de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Álvaro Burgos, y de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, José Manuel Correa, comunicaron tal circunstancia al alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora. Se entendía, rezaba la nota, que "el Ayuntamiento de la localidad tiene luz verde para dar garantía de legalidad a las instalaciones".

Y así lo entendió el alcalde de Lucena porque en la misma comunicación Manuel Mora informó de que el pronunciamiento favorable de la Junta de Andalucía "legaliza definitivamente 450 balsas, 200 viviendas y otras 100 infraestructuras de distinto tipo asociadas a la actividad agrícola". “Para nuestro municipio es vital esta seguridad jurídica para el futuro de nuestra agricultura, que es el futuro de nuestra población. Por esta razón, estas resoluciones son instrumentos de primera necesidad para sostener e impulsar el empleo en Lucena del Puerto, así que agradecemos a la Junta de Andalucía el trabajo que ha desarrollado”, ha declarado Manuel Mora.

Pero algo pasó entre medias porque horas más tarde de esta comunicación la Junta de Andalucía decidió enviar una nota de prensa aclaratoria en la que el delegado de Agricultura, Álvaro Burgos, negaba, esta vez categóricamente, que la Junta de Andalucía hubiera legalizado balsas de riego, viviendas agrícolas y otras instalaciones agrarias en el municipio onubense de Lucena del Puerto. Ponía en un brete al alcalde de Lucena, uno de los municipios más combativos en cuanto a regadíos se refiere y donde más pozos irregulares se han cerrado en los últimos meses. Porque las palabras oficializadas por la misma Junta en una nota de prensa habían corrido como la pólvora por los activos colectivos de regadíos locales.

Este cruce de decisiones (interrumpidas y desmentidas) y supuestos malentendidos sobre legalizaciones de balsas de regadío, viviendas y otras infraestructuras agrícolas coincidió en el tiempo con una decisión política que pretende cambiar todo el diseño del riego y el uso del agua en esta zona de la provincia de Huelva, limítrofe con el Parque Nacional de Doñana.

Y esa decisión no es otra que la tomada por el Gobierno central y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que horas antes de este cruce de notas y desmentidos había declarado "sobreexplotado" el acuífero de Doñana.

¿Choque con el Gobierno central?

Ante el revuelo causado por la nota de la Junta, las declaraciones del alcalde y la supuesta legalización de balsas de riego objeto de la polémica, el delegado ha aclarado que "el informe emitido por la delegación se limita a

reconocer parcelas forestales como agrícolas, una vez que se ha certificado que se destinan al cultivo agrícola desde antes de la Ley Forestal de 1992, tal y como permite el Plan de la Corona Norte de Doñana. Además, se trata de

terrenos situados en zonas B/C recogidas en el Plan de la Corona Norte, “lo que significa que no son de especial protección”.

Y añade que "se trata de las conocidas como ‘parcelas del canon’, terrenos que a partir de los años 40 o 50 otorgaban los ayuntamientos, como el de Lucena o Moguer, como propietarios de estos montes a vecinos del pueblo para su uso agrícola y que así llevan décadas”, apuntado Burgos, quien ha afirmado que la Junta lleva años emitiendo estos informes.

Finalmente, el delegado territorial ha explicado que ahora se abre un nuevo proceso para solicitar la legalización de las instalaciones existentes en estas parcelas ligadas a la actividad agrícola, “y estas se podrán legalizar o no si

cumplen con la ley y los pertinentes requisitos medioambientales”. “Una balsa de riego ilegal o una vivienda que esté situada encima del cauce de un arroyo, por ejemplo, nunca serán legalizadas porque incumplen la legalidad y las normas”, ha remarcado.

Un coladero para el regadío ilegal 

Pero la polémica no ha arreciado porque las organizaciones conservacionistas ven en este lío de normas e interpretaciones una especie de coladero para acabar dando carta de hechos consumados a cientos de balsas de riegos y hectáreas irregulares que se alimentan del acuífero de Doñana.

La misma WWF cuestiona las resoluciones favorables de la Junta para que se puedan mantener construcciones y edificaciones vinculadas a explotaciones agrícolas en montes públicos como los de Lucena.

Para el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, lo esencial es que se tenga en cuenta la Ley Forestal, una norma que no puede contradecir el Plan de Ordenación Territorial de Doñana (POTAD). Y con respecto a las consideraciones del delegado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Álvaro Burgos, señalando que "aunque la Ley Forestal de Andalucía establece que los montes de dominio público son suelos no urbanizables de especial protección, la superficie que nos ocupa está fuera de esa aplicación porque son zonas B/C del Plan Especial de Ordenación de Zonas de Regadío de la Corona Norte Forestal".

Carmona ha explicado que "la Ley Forestal dice que todos esos suelos tienen especial protección a nivel urbanístico" y "además de eso, obliga a la administración a conservarlo, a gestionarlo y a recuperarlo en caso de ocupación", por lo que considera que "lo que no puede decir ahora la administración, sea del color que sea, es que se pueda desclasificar argumentando que ha perdido su valor". Para Carmona está claro que el suelo es forestal y la Junta no se puede escudar en que ha perdido su valor asi que "merece la protección de la ley".

Según Carmona, como telón de fondo de esta cuestión tenemos "esa involución gris de Juanma Moreno (presidente de la Junta) de intentar desregular muchas cosas en el medio ambiente e involucionar volviendo a modelos anticuados, al modelo del ladrillo, de la ocupación de la costa, de dar amnistías y de volver a instalar campos de golf en cualquier lugar". "Y todo esto responde a que durante la campaña autonómica los partidos que están ahora gobernando prometieron amnistía", augurando que esto lo que va a provocar es que al cáncer que tiene Doñana se le añada "una metástasis para dejar que poco a poco se vaya muriendo" porque "nadie se va a tomar la ley en serio y nadie creerá que le van a cerrar un pozo o una finca y al final lo acabarán legalizando".

Carmona recordó que "este jueves (pasado) el Estado declaró el acuífero de Doñana sobreexplotado o en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo", lo que considera que es "un eufemismo con el que no se quiere reconocer que hay una sobreexplotación y que el sistema no funciona porque estamos creando una burbuja de regadíos y se está extrayendo más agua de la que se puede y por más que llueva el acuífero no se va a recuperar nunca porque lo extraemos todo".