El fiscal ve probado que el exalcalde de Almonte fue "consciente" de su ilegalidad
La jueza desestima el sobreseimiento de la causa en la que se investiga a José Antonio Domínguez por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias
"En la causa existen datos probatorios de que el acusado era perfectamente consciente de la ilegalidad de sus decisiones, toda vez que indicó a la presidente del Tribunal cuales serían sus candidatos preferidos". Este es uno de los argumentos con los que el fiscal, en un informe dirigido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de La Palma del Condado, se opone al sobreseimiento provisional de las actuaciones por las que se investiga al exalcalde de Almonte, José Antonio Domínguez Iglesias, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en un proceso de selección de personal llevado a cabo en el Ayuntamiento de la localidad.
En el informe, al que ha tenido acceso diariodehuelva.es, el fiscal indica también que "la dilatada experiencia administrativa del investigado debió hacerle ver la ilegalidad de sus decisiones", al tiempo que considera que "repugna al sentido común y carece del menor rigor jurídico" la alegación de Domínguez Iglesias de que desconocía la "patente antijuridicidad penal de su actuación". Además, desde el Ministerio Fiscal señala que "la gravedad de las infracciones legales hace que la arbitrariedad de los nombramientos realizados fuera percibida por cualquiera".
Estos argumentos, desgranados en un informe dirigido al citado juzgado el pasado 9 de mayo, han sido tenidos en cuenta por la jueza encargada de la causa, que en un auto con fecha de 17 de mayo de este año, al que también ha tenido acceso este periódico, rechaza la petición de sobreseimiento y dispone "que el procedimiento continúe con la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados".
En el auto, la jueza considera que "hay indicios de criminalidad", puesto que "de la documental y de las testificales practicadas se desprende indiciariamente que el alcalde trató de influir en la elección de candidatos y que la decisión de anular el proceso se realizó una vez ya finalizado el mismo y conocidos los tres candidatos seleccionados, sin seguir los cauces legalmente procedentes, mediante un decreto irregular".
La causa se inició tras una denuncia interpuesta en 2014 por el entonces portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Villa, quien consideraba que el alcalde había podido cometer los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias durante el proceso selectivo de tres plazas de auxiliares administrativos para el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (Poctep), una denuncia que dio lugar a la incoación de diligencias previas mediante un auto de 22 de octubre de ese mismo año.
La partes acusadoras atribuyen a Domínguez Iglesias conductas que pudieran ser constitutivas de delito por tratar de influir en el resultado del proceso selectivo mediante indicaciones a la presidenta del tribunal sobre las personas a seleccionar y por dictar un decreto en el que se anulaba el proceso una vez conocidos los candidatos propuestos por el tribunal.