Defraudan más de 32 millones de litros de agua a Aqualia
Aqualia, empresa concesionaria del Servicio Municipal de Agua en Cartaya, ha venido realizando, desde el inicio de su gestión en 2013, campañas periódicas para vigilar, controlar y detectar posibles acciones fraudulentas de consumo de agua sin contador, lo que comúnmente se conoce como "enganches" sin autorización a la red general, o derivaciones clandestinas de caudal antes del contador de agua.
El personal de Aqualia inspecciona diariamente la red de abastecimiento para realizar este control. En el año 2016, durante estas inspecciones localizó 47 fraudes en todo el término municipal de Cartaya, que se calcula que supusieron 32 millones de litros de agua defraudados, el agua que consumen 576 personas del municipio en un año.
Esto es especialmente grave si se tiene en cuenta que el Servicio Municipal de Aguas es un sistema solidario en virtud del cual los perjuicios que generan unos afectan al bienestar y la calidad de quienes sí están al día en sus pagos, ha informado Aqualia en una nota.
Según el protocolo que establece el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía (RSDA), inspectores de Aqualia autorizados por las Consejería de Industria y Consumo levantan acta de las anomalías detectadas y se requiere al usuario de la finca para que la subsane en el plazo establecido por la legislación vigente para evitar la suspensión de suministro, hecho al que se llega de forma definitiva si no se subsanan las anomalías detectadas.
La liquidación por fraude puede ir desde los 600 euros hasta los 6.000 euros en caso de usuarios individuales, o hasta los 16.000 euro en caso de comunidades de vecinos o urbanizaciones.
Además, con los fraudes significativos, se realizan las acciones judiciales oportunas en cada caso, interponiendo la correspondiente demanda por vía penal. Esta infracción penal está descrita en el artículo de 255 del Código Penal y se considera un delito de defraudación.
En esta situación hay varios casos en el municipio de personas reincidentes que debido a la gran cuantía defraudada podrían tener penas de multa de entre tres y doce meses más el pago de una responsabilidad civil equivalente al valor del agua consumida ilícitamente, e incluso si una vez condenados dejaran de pagar esta multa tendrían pena de cárcel.
Aqualia recuerda que antes de realizar este tipo de prácticas ilegales, la empresa ofrece planes de pago individualizados a personas que tengan dificultades para pagar el recibo de agua, y que también cuentan con los Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Hay que señalar que este tipo de delitos no son exclusivos de personas con escasos recursos económicos en barrios humildes, sino que también se han localizado en viviendas tipo chalet de urbanizaciones de alto nivel.
Aqualia solicita la colaboración de los vecinos de la localidad para que, en caso de conocer situaciones de enganches o uso inapropiado del agua, lo pongan en conocimiento de la empresa. El Servicio Municipal de Aguas pone a su disposición el teléfono de Atención al Cliente, 901010400, y les invita a acudir a sus oficinas sitas en la C/ Convento, en el Mercado Municipal, local 5.
La empresa recuerda a su vez que los recursos hídricos son limitados y que es responsabilidad de todos ayudar a un uso racional y sostenible del agua que contribuya al cuidado del medioambiente.