Un concejal pide al Consejo Consultivo que decida sobre la Zona ORA de Matalascañas
El futuro de la Zona ORA de Matalascañas volverá a centrar el debate político en el Ayuntamiento de Almonte. El concejal no adscrito Miguel Ángel Jiménez ha registrado una moción para que el Pleno acuerde solicitar un dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía con el fin de determinar si la adjudicación del contrato de gestión del estacionamiento regulado se ajustó a derecho o concurre una causa de nulidad.
La propuesta plantea iniciar un procedimiento de revisión de oficio del acuerdo por el que, en septiembre de 2025, el Pleno adjudicó a la empresa Dornier, S.A. la gestión de la Zona ORA de Matalascañas. Según sostiene el edil, el contrato se adjudicó sin que el Ayuntamiento hubiera aprobado previamente la ordenanza reguladora del servicio, una norma que debía fijar aspectos esenciales como las tarifas, los horarios, las exenciones o el régimen sancionador.
En la moción, Jiménez recuerda además que la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía llegó a requerir al Ayuntamiento por la puesta en marcha del servicio sin esa ordenanza. No obstante, el Consistorio dejó sin efecto el decreto que autorizaba el inicio de la prestación, por lo que el requerimiento quedó finalmente archivado.
El concejal solicita que sea el Consejo Consultivo de Andalucía el que emita el dictamen preceptivo para determinar si la ausencia de la ordenanza en el momento de la adjudicación puede afectar a la validez del contrato. Asimismo, propone suspender cualquier actuación relacionada con la puesta en marcha del servicio hasta que concluya el procedimiento y exista una resolución definitiva.
Por su parte, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte ha rechazado la iniciativa y advierte de las consecuencias económicas que podría acarrear. Según el equipo de gobierno, la revisión de oficio del contrato podría abrir la puerta a una reclamación por parte de la empresa adjudicataria de hasta ocho millones de euros, una cantidad que, asegura, tendría que asumir el municipio. Es importante aclarar, que ese dictamen en ningún caso es vinculante.
Desde el Consistorio defiende el equipo de gobierno, que además no existe ninguna sentencia judicial ni resolución administrativa que haya declarado ilegal la adjudicación del contrato, ni tampoco un pronunciamiento del Consejo Consultivo sobre su posible nulidad. En este sentido, recuerda que el decreto que autorizaba el inicio de la Zona ORA fue revocado antes de que el servicio llegara a ponerse en funcionamiento y que un juzgado archivó recientemente un recurso presentado por el propio Miguel Ángel Jiménez contra esa actuación municipal.
La moción será debatida en el próximo pleno, donde los grupos municipales deberán decidir si respaldan la solicitud de dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía o mantienen la posición defendida por el equipo de gobierno.