La Asociación de Propietarios de Matalascañas afirma que la Junta obligó a anular el decreto de la zona ORA
El colectivo denuncia que el Ayuntamiento ocultó la anulación del decreto que activaba la zona azul en la playa
La Asociación de Propietarios de Matalascañas ha asegurado este miércoles que la Junta de Andalucía confirmó la ilegalidad del decreto firmado por el alcalde de Almonte, Francisco Bella, para poner en marcha la zona ORA en Matalascañas.
Según sostiene el colectivo en un comunicado, la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública remitió una comunicación oficial en la que se recoge que la Junta inició actuaciones de tutela de legalidad contra el decreto municipal que ordenaba el inicio del servicio de aparcamiento regulado.
La asociación afirma que el requerimiento de la Junta, fechado el 19 de mayo, señalaba que el decreto era ilegal al haber sido aprobado por la Alcaldía y no por el Pleno municipal, tal y como establece la legislación vigente.
Además, el colectivo asegura que el propio alcalde firmó posteriormente un segundo decreto anulando el primero el pasado 14 de mayo, extremo que, según denuncian, no fue comunicado ni en el pleno ordinario del día 15 ni en el extraordinario celebrado el 21 de mayo.
La Asociación de Propietarios sostiene que ni la ciudadanía ni la oposición conocían la existencia de ese decreto anulador hasta recibir ahora la documentación remitida por la Junta.
En el comunicado, el colectivo también acusa al equipo de Gobierno de difundir públicamente que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía había avalado la zona azul, algo que consideran “falso y engañoso”.
Según explican, el tribunal únicamente inadmitió el recurso presentado por la asociación por cuestiones formales de legitimación, sin pronunciarse sobre la legalidad del sistema ORA.
La asociación mantiene que actualmente el servicio de estacionamiento regulado “carece de cobertura legal”, al no existir decreto en vigor ni haberse aprobado las ordenanzas municipales correspondientes, rechazadas en dos votaciones plenarias consecutivas.
Por último, el colectivo anuncia que pondrá estos hechos en conocimiento de la Fiscalía de Huelva y continuará ejerciendo acciones legales para “restablecer la legalidad” en Matalascañas.