Almonte impulsa una modificación del PGOU para regularizar las viviendas de temporeros en el campo
El Ayuntamiento busca dar respuesta a una demanda histórica del sector agrícola y garantizar alojamientos dignos con seguridad jurídica
El Pleno del Almonte ha aprobado este lunes iniciar la tramitación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de ordenar y regularizar las viviendas destinadas a trabajadores temporeros en el campo almonteño, una realidad consolidada desde hace años en el principal motor económico del municipio.
La iniciativa pretende dar respuesta a un problema estructural que hasta ahora no había sido abordado desde el planeamiento urbanístico. La contradicción existente entre el PGOU vigente —que prohíbe el uso residencial en determinados suelos rústicos— y la normativa autonómica actual, que sí reconoce los alojamientos para temporeros como un uso vinculado a la actividad agraria, había generado un bloqueo legal que impedía regularizar viviendas ya existentes y avanzar con garantías jurídicas.
La propuesta nace de una demanda directa del sector agrícola y es fruto de un trabajo conjunto entre agricultores, técnicos municipales, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, basado en el diálogo y el análisis técnico para ofrecer una solución ajustada tanto a la legalidad como a la realidad social y económica del municipio.
Desde el Consistorio subrayan que la modificación no plantea urbanizar el suelo agrícola ni alterar su naturaleza, sino permitir usos compatibles directamente ligados al trabajo en el campo, como los alojamientos para temporeros, considerados esenciales para garantizar mano de obra estable y condiciones de vida dignas.
La iniciativa se articula a través de la innovación número 33 del PGOU y responde a un interés público evidente, al permitir ordenar una situación que, sin regulación, deriva en infravivienda, asentamientos irregulares y una mayor presión sobre los servicios públicos. En este sentido, el Ayuntamiento defiende el urbanismo como una herramienta de política social, orientada a mejorar la salud, la seguridad y la convivencia.
Con esta aprobación inicial, el equipo de gobierno apuesta por sustituir el desorden por planificación, control municipal y exigencias técnicas claras, facilitando una adecuada localización de los alojamientos, su integración ambiental, el acceso a servicios básicos y una mayor seguridad jurídica tanto para el sector agrícola como para los trabajadores.
El Ayuntamiento valora este acuerdo como un hito para el futuro del campo almonteño y como un ejemplo de colaboración público-privada para dar soluciones responsables y ajustadas a la legalidad a problemas reales del municipio.