Almonte atribuye la degradación del paseo de Matalascañas a años sin aportes de arena y pide auxilio institucional urgente

Matalascañas.

El Ayuntamiento defiende que los daños superan su capacidad económica y reclama actuaciones reales para proteger el litoral y garantizar la seguridad

El Ayuntamiento de Almonte ha lamentado que la falta de aportes de arena durante años haya sido el principal factor que ha provocado la grave degradación del paseo marítimo de Matalascañas, especialmente en el tramo de Caño Guerrero. Desde el Consistorio se sostiene que el problema no deriva de una cuestión de competencias, sino de la ausencia prolongada de actuaciones preventivas pese a las advertencias técnicas realizadas de forma reiterada sobre la vulnerabilidad del litoral.

Según explica el Ayuntamiento, los últimos temporales han evidenciado una diferencia clara entre las zonas donde sí se actuó con aportaciones de arena y aquellas que quedaron sin protección. En los tramos reforzados, los daños han sido mínimos, mientras que los derrumbes más graves se han producido precisamente donde no se ejecutaron estas medidas, dejando el frente litoral expuesto al embate del mar.

El Consistorio recuerda que la aportación de arena llegó tras años de insistencia municipal ante el riesgo cierto de colapso del paseo marítimo. La demora en la ejecución de estas actuaciones ha permitido que la erosión avanzara de forma progresiva hasta ocasionar desperfectos de gran envergadura en una infraestructura clave para el municipio, con un impacto que supera con creces la capacidad económica del Ayuntamiento para afrontarlo en solitario.

En este contexto, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha reiterado que el Ayuntamiento ha actuado desde el primer momento activando recursos propios, adoptando medidas de emergencia y priorizando la seguridad, pero ha subrayado que la magnitud de los daños hace imprescindible una intervención urgente y decidida del Gobierno, con recursos suficientes y actuaciones sobre el terreno. Desde el Consistorio se insiste en la necesidad de colaboración institucional real y en que la prioridad debe ser proteger a la ciudadanía, la actividad económica y un enclave estratégico para la provincia, reclamando que las respuestas se traduzcan en hechos concretos y no solo en declaraciones públicas.