Un abogado reclama una playa y 150 hectáreas de Matalascañas como propiedad...

Pudiera parecer una broma, pero no lo es. Un jubilado sevillano, Gabino Carranza Márquez, y su abogado José María Font Ortiz, han descubierto que Sevilla "tiene playa en propiedad a pesar de no contar con costa en su término municipal" según ha avanzado este sábado el diario Sevillainfo.es. Se trataría de una playa ubicada dentro de un terreno de 150 hectáreas en la zona de Torre la Higuera, según ha avanzado este diario.

Los reclamantes expusieron en su día, que dichos terrenos no fueron incluidos en el proceso de desamortización del pasado siglo XIX, quedando como zona residual de lo que se denominó “Cazadero Real” y más tarde “Coto de Doñana”. La zona en concreto, formó parte de la donación que el Rey Alfonso X El Sabio hizo a la ciudad de Sevilla en el privilegio rodado correspondiente al año 1255 como patrimonio común de sus vecinos, según aseguran desde este diario sevillano.

Tras una investigación de unos terrenos ubicados en los alrededores de Torre de la Higuera, el abogado en cuestión dio con estos documentos antiguos según los cuales entienden que el Ayuntamiento de Sevilla posee la titularidad y los plenos derechos de propiedad de estos terrenos.

Según refiere el periodista Eusebio Pérez, que ha redactado esta información "fruto de investigaciones como la que estos dos sevillanos instaron a poner en marcha al Ayuntamiento, se descubrió la propiedad de los castillos de Cortegana, Fregenal de la Sierra, Aroche, Cumbres Mayores, Alcalá de Guadaíra o Almonaster que conforman o pertenecen al patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla, que ha ido cediendo poco a poco la propiedad de algunas de estas fortalezas a los municipios donde se encuentran ubicadas, pues en la mayoría de los casos forman parte de sus señas de identidad".

El diario hispalense apunta a que el estudio llevado a cabo por los responsables de Patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla "parece apuntar a que, efectivamente, los terrenos en cuestión y la playa son propiedad de la ciudad de Sevilla. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y de Huelva, así como la comunicación pertinente al Estado y la Junta de Andalucía y su correspondiente periodo de alegaciones, debe abrirse un periodo de prueba documental, pericial y testifical".