VOX exige a la Junta aclarar si el Pacto de Doñana obliga al Gobierno central a conceder las ayudas prometidas a los agricultores del Condado
El diputado de VOX por Huelva en el Parlamento de Andalucía, Rafael Segovia, ha exigido a la consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Catalina García, que aclare “de forma clara y sin excusas” si el Pacto de Doñana otorga al Gobierno andaluz herramientas legales para exigir al Ejecutivo central el cumplimiento de las ayudas prometidas a los agricultores del Condado de Huelva.
Durante su intervención en la Cámara autonómica, Segovia ha señalado que, casi dos años después de la firma del acuerdo, “lo que están recibiendo los agricultores no son ayudas, sino cuantiosas multas e incluso penas de cárcel que pueden obligarles a abandonar su actividad”, lo que, según ha denunciado, impide además que puedan acogerse a las propias ayudas prometidas.
El parlamentario ha acusado tanto al Gobierno central como al Ejecutivo de Moreno Bonilla de “engañar” a los agricultores y ha recordado que estos aceptaron la retirada de la Proposición de Ley para la regularización de las tierras de regadío de la Corona Norte de Doñana a cambio de unas ayudas que, a día de hoy, no se han materializado.
Segovia ha exigido también a la Junta que se comprometa públicamente a reactivar dicha Proposición de Ley si finalmente las ayudas llegan a todos los afectados, una petición que –según ha señalado– “han hecho ya muchos agricultores que se sienten abandonados y engañados”.
Para el diputado de VOX, el acuerdo alcanzado en su día “no garantizaba las ayudas”, y lo calificó de “histórico error” por parte de la Junta, ya que “consiste en dar dinero a cambio de abandonar la actividad agrícola, lo que conlleva pérdida de empleo, despoblación y empobrecimiento del territorio”.
Ante la falta de respuestas claras por parte de la consejera Catalina García, quien se limitó a señalar que el Ministerio continúa negociando las bases de la convocatoria, VOX ha denunciado que “todos han cobrado menos los principales afectados: los agricultores”.
La situación ha llevado a la convocatoria de una reunión a tres bandas –Junta, Gobierno central y agricultores– prevista para el próximo 8 de julio. Según Segovia, esta cita evidencia “la incomodidad del PP andaluz, ya que reactivar la ley supondría reconocer su fracaso y sus mentiras”.