El PSOE de Huelva afirma que el presupuesto municipal es “ilegal” por carecer del informe obligatorio de Hacienda

El PSOE de Huelva ha denunciado este martes que el presupuesto municipal de 2026 del Ayuntamiento de Huelvaes “ilegal” al haberse aprobado sin contar con el informe previo, preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda, un requisito legal obligatorio según la normativa estatal.

Así lo ha afirmado el portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, quien ha subrayado que no se trata de una valoración política, sino de una exigencia recogida en el artículo 26.j) del Real Decreto-ley 8/2013, que obliga a remitir el presupuesto municipal al Ministerio de Hacienda antes de su aprobación definitiva para la emisión del correspondiente informe.

Baluffo ha señalado que esta obligación legal figura incluso en el propio documento de aprobación inicial del presupuesto, firmado por el secretario del Ayuntamiento, y ha criticado que la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, “haya seguido adelante y aprobado las cuentas sin disponer de ese informe obligatorio”. A juicio del PSOE, el documento más importante del Consistorio se ha aprobado “sin todas las garantías legales”.

El portavoz socialista ha asegurado que el equipo de gobierno del Partido Popular ha sacado adelante el presupuesto “en solitario, al margen de la ley y de la voluntad mayoritaria del Pleno”, recordando que en septiembre toda la oposición apoyó una bajada generalizada de impuestos y tasas municipales. Sin embargo, ha denunciado que el PP ha aprobado unas cuentas que “consolidan la subida de todos los impuestos municipales”, situando la presión fiscal “en el nivel más alto de la historia de la ciudad”.

Además, Baluffo ha criticado la inclusión de 11,6 millones de euros en lo que ha denominado “partidas fantasma”, vinculadas a ingresos futuros por tasas e impuestos asociados a la construcción que, según ha señalado, no se están materializando. De esos ingresos dependen actuaciones como el nuevo albergue municipal, la piscina del Parque Moret, cursos de formación para el empleo, ayudas al alquiler o intervenciones en barrios como La Orden, Isla Chica, Huerta Mena o Las Colonias, proyectos que el PSOE considera “promesas sin respaldo presupuestario real”.

A esta situación se suma, según los socialistas, la ausencia de dotación económica para licitar el nuevo contrato de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes. Baluffo ha recordado que Huelva continúa con un contrato caducado desde 2014 y ha advertido de que el presupuesto de 2026 vuelve a dejar fuera la partida necesaria para poner en marcha el anunciado nuevo servicio.

Durante la comparecencia, el portavoz socialista también ha puesto el foco en los 41 reparos de la Intervención Municipal registrados en diciembre, que afectan a más de 120 facturas por un importe total de 1.184.186,52 euros. Según ha denunciado, casi 1,2 millones de euros en facturas con reparo en un solo mes “no pueden considerarse una excepción”, sino una forma habitual de gestión.

Baluffo ha detallado que los informes de Intervención alertan de incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público, como facturas sin contrato, fraccionamiento ilegal para evitar concursos públicos, importes que superan los contratos aprobados o servicios justificados a posteriori. Especialmente grave, ha añadido, es el caso de la limpieza viaria, donde solo en diciembre se abonaron más de 557.000 euros a la empresa Prezero bajo un contrato caducado.

Por último, el portavoz socialista ha criticado que ninguno de los reparos fuera levantado por la alcaldesa, que durante esos días decretó ausencia y delegó la firma en sus tenientes de Alcaldía, lo que a su juicio evidencia “falta de liderazgo y de responsabilidad política”.

Desde el PSOE concluyen que la gestión económica del PP en Huelva se caracteriza por la improvisación, la falta de rigor y el desprecio a la legalidad, advirtiendo de que esta situación “genera desconfianza, inseguridad jurídica y pone en riesgo el dinero público”, además de no responder a las necesidades reales de la ciudad.