El PSOE exige a la Junta celeridad en las ayudas al campo tras los temporales y destaca el paquete de 2.100 millones del Gobierno
Mario Jiménez reclama a Moreno Bonilla que active recursos “de manera inmediata” y retire una iniciativa del PP que solo pide medidas al Ejecutivo central
El portavoz socialista de Presidencia y parlamentario andaluz, Mario Jiménez, ha reclamado en Moguer a la Junta de Andalucía “celeridad” en la evaluación de daños y en la activación de ayudas para los sectores afectados por el tren de borrascas, especialmente la agricultura, que considera el ámbito económico “más perjudicado”. Jiménez, acompañado por el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, y representantes socialistas, ha señalado que en el conjunto de Andalucía las pérdidas de cosecha pueden alcanzar entre el 40% y el 50%, con especial preocupación por el sector de los frutos rojos en la provincia de Huelva.
El dirigente socialista ha instado al Gobierno andaluz a concretar de forma inmediata las medidas económicas para la recuperación, criticando que “a estas alturas” no se haya culminado la evaluación de daños ni desplegado todas las actuaciones necesarias. Frente a ello, ha puesto en valor la respuesta del Ejecutivo central, que ha aprobado un paquete de más de 7.000 millones de euros para los territorios afectados, de los que más de 2.100 millones irán destinados directamente al sector agrario, mediante ayudas a explotaciones, rebajas fiscales en módulos de IRPF e IVA y apoyo a autónomos.
Asimismo, Jiménez ha destacado la reducción de 35 a 5 peonadas para poder acceder al subsidio agrario y a la renta agraria, con el objetivo de compensar la pérdida de jornales por las lluvias. También ha subrayado que, por primera vez, los ayuntamientos recibirán el 100% de los daños sufridos y no el 50%, como ocurría hasta ahora. Finalmente, ha pedido al presidente de la Junta que ordene la retirada de una proposición no de ley registrada por el Grupo Popular en el Parlamento andaluz que, según ha denunciado, “solo pide medidas al Gobierno de España” y no a la administración autonómica, a la que considera responsable directa de la reconstrucción.