La situación de la capital, clave en la Ley Integral de Barrios Vulnerables
El responsable de la Oficina Parlamentaria de Izquierda Unida en Huelva, David F. Calderón, ha valorado la propuesta de Sumar para elaborar una la Ley Integral de Barrios Vulnerables en el Congreso, buscando establecer un fondo para revitalizar las áreas más desfavorecidas de Andalucía, propuesta que ya ha sido registrada oficialmente en la Cámara Baja y ha contado con una amplia participación ciudadana.
La propuesta lleva más de un año trabajándose en varias ciudades andaluzas y con participación directa de estos barrios, celebrándose en Huelva un encuentro con representantes de barriadas como El Torrejón, Marismas del Odiel, El Higueral, Verdeluz o La Hispanidad.
La ley pretende financiar proyectos de transformación de los barrios abordando la grave pobreza y desigualdad existentes en estas zonas.
Para Calderón, esta Ley es fundamental para "adoptar medidas contundentes contra la desigualdad en estas zonas, ya que las medidas desarrolladas durante décadas por los sucesivos gobiernos monocolor se han limitado a parchear una grave situación que durante generaciones ha pasado de padres a hijos”.
Por ello, desde Izquierda Unida han querido contar con los vecinos y vecinas de estos barrios, muchos de ellos con experiencia en la intervención social a través de asociaciones vecinales o dentro de la administración pública, con un dilatado bagaje en el conocimiento de los principales problemas de estas zonas, fundamentalmente relacionados con la educación, el empleo o las mejoras urbanísticas, pero “siempre contando con los vecinos que son lo que conocen sus problemas en profundidad y saben dónde enfocar la inversión para dar un vuelco a estas áreas deprimidas de la ciudad”, ha aseverado
La ley es el resultado de meses de trabajo conjunto con colectivos vecinales, sindicatos y organizaciones sociales. “Esta iniciativa cuenta con un amplio apoyo del movimiento vecinal y busca dar respuesta a una situación extrema que no puede seguir ignorándose”. El texto establece que el fondo deberá financiarse anualmente a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con posibilidad de complementarse con aportaciones autonómicas, europeas u otras fuentes. Las ayudas se destinarán a municipios que presenten proyectos para transformar sus barrios vulnerables en un plazo máximo de cinco a ocho años.
Según el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, España cuenta con numerosas áreas que cumplen con los criterios de segregación y marginación social, económica y ambiental que la ley pretende combatir.
El contexto andaluz, motor de esta iniciativa, es particularmente alarmante.
Según el informe Pobreza Sur 2024: Barrios Olvidados de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), diez de los quince barrios más pobres de España están en esta región. Además, más del 57% de su población no llega a fin de mes, y un tercio vive en riesgo de exclusión social.