Los recolocables de Astilleros acuden a la justicia para que se cumpla el Plan de Reindustrialización

La federación del metal de UGT Andalucía reclamará la ejecución del acuerdo sobre el cese de los astilleros onubenses, además de otras medidas de inserción para los extrabajadores afectados.

Unos 30 extrabajadores de Astilleros de Huelva han presentado este jueves, de manera individual, el requerimiento previo a la demanda por conflicto colectivo que prevén interponer contra la Junta de Andalucía por, según explica el sindicato UGT, "incumplimiento de los acuerdos del Plan de Reindustrialización en cuanto a su recolocación".

El acuerdo, firmado el 13 de octubre de 2010, se cerró con prejubilaciones, extinciones de contratos y el compromiso de recolocar a un grupo de extrabajadores en proyectos futuros. De estos últimos, un total de 54, sólo han vuelto a ser contratados 20 y el resto, sigue pendiente de una oferta laboral tras haber finalizado el periodo de formación inicial y no tener, en la actualidad, ningún tipo de prestación económica. En el escrito, los demandantes han requerido a la administración andaluza "que busquen alternativas y proyectos para las personas pendientes de recolocación, preferiblemente en el sector naval, tal y como recoge el citado
acuerdo".

Tales requerimientos, presentados en la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, se unen a otro presentado el pasado 2 de julio por Metal, Construcción y Afines (MCA), Federación de Industria, de UGT Andalucía bajo el mismo objetivo.

Sebastián Donaire, secretario de organización de MCA-UGT Andalucía que ha acompañado al colectivo, ha recordado que “este acuerdo de reindustrialización recogía la gestión de proyectos industriales, mediante ayudas e incentivos de la Junta de Andalucía, que dieran ocupación a los despedidos de la fábrica y aliviara las altas cifras de paro que el cierre de la factoría crearía”.

Donaire ha mostrado su esperanza de que el gobierno andaluz se pronuncie al respecto antes de tres meses. De lo contrario, ha advertido el ugetista, “no nos quedará más remedio que acudir a los tribunales porque consideramos que, por encima de todos los compromisos políticos, está el bienestar de estas familias que están viviendo situaciones dramáticas y sería un agravio comparativo respecto al resto de compañeros de factoría que pudieron tener su salida laboral, bien por prejubilaciones o inserción en otros proyectos”.