Huelva tiene 14 viviendas protegidas que los bancos no han cedido a los registros municipales
La Junta impondrá sanciones que, en la comunidad, alcanzan los 11,1 millones de euros,ya que se contemplan unos 60.000 euros por vivienda.
Un total de 185 viviendas protegidas se encuentran en Andalucía en propiedad de entidades bancarias sin que hayan sido cedidas a los registros municipales. De ellas, 14 están en la provincia de Huelva.
Por este motivo, la Junta de Andalucía, está ya abriendo expedientes para llevar a cabo las sanciones recogidas en la Ley de Función social de la vivienda y que ascienden a unos 11,1 millones de euros.
El motivo de apertura de los expedientes es, como ocurre con todas las provincias, "no haber ofrecido viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes, obligación establecida por el artículo 20m de la Ley de Vivienda Protegida, introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda". Los expedientes parten de que los inmuebles protegidos, construidos con dinero público, "deben prestar una función social".
Las 185 viviendas protegidas en Andalucía que no han sido ofrecidas a los registros municipales se reparten en 43 viviendas en Sevilla, 30 en Cádiz, 22 en Almería, 22 en Córdoba, 20 en Granada, 17 en Jaén, 17 en Málaga y las citadas 14 de Huelva.
Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda han explicado a Europa Press que "cada inmueble protegido que no haya sido ofrecido al correspondiente registro supone una infracción muy grave". La consejería, que a través de sus delegaciones territoriales ha detectado e informado de dichos incumplimientos, ha notificado los expedientes a las entidades con una sanción de 60.000 euros por vivienda, tal y como informó Elena Cortés en el Parlamento el pasado 3 de abril.
La Consejería ha recordado que la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda "no fue impugnada por el Gobierno central en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener casas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente su uso para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social".
De esta forma, ha añadido que los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas continúan plenamente vigentes.