El fraude de empresas a la Seguridad Social alcanzó los 3 millones en 2015

Más de medio centenar de empresas fueron investigadas, y las fuerzas policiales detectaron cinco sociedades ficticias y esclarecieron 246 delitos

Más de medio centenar de empresas fueron investigadas en la provincia, y las fuerzas policiales detectaron cinco sociedades ficticias y esclarecieron 246 delitos

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron el año pasado en Huelva 54 empresas, de las que cinco fueron ficticias (el 9,2% del total). El balance recién publicado por el Ministerio del Interior en materia de ‘Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social’ revela que, de esos 54 casos, en 18 esas empresas fueron propuestas para infracción y se realizaron 345 inspecciones en centros de trabajo de la provincia onubense.

La cuantía estimada del fraude cometido en Huelva, según el informe de Interior, es de 3.060.000 euros, la segunda mayor de toda Andalucía, por detrás de Granada, de 3,48 millones. En el conjunto de la región se detectaron 110 empresas ficticias, y la cantidad defraudada se situó en 13 millones de euros.

La criminalidad en esta materia -en función de las infracciones administrativas cometidas- se traduce 246 delitos esclarecidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por tipología, 91 fueron por falsedad documental, dos por trata de seres humanos para su explotación laboral y, las más numerosas, 195 infracciones de la Ley de Extranjería.

La actividad investigadora es fruto del convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que implica a la Inspección de Trabajo y las fuerzas policiales, para combatir el fraude generado a la arcas del Estado por empresas ficticias.

Entre las operaciones destacadas de 2015, desde la Policía Nacional y la Guardia Civil han subrayado la ‘Operación Baile’, desarrollada a nivel nacional y cuyas ramas llegaban a Huelva. La provicia onubense, junto a Valencia, Alicante, Málaga, Granada, Vizcaya, Pontevedra, Lugo y Madrid, en la que se destaparon fraudes en materia de prestaciones para cobrar el paro y documentos y en papeles para regularizar a inmigrantes. Esta operación se saldaría con 65 detenidos y 23 imputados, con un importe defraudado que se estimó en 1.400.000 euros.