El Convenio de Acreedores es el último escollo para salvar al Recre

Lo han planeado en silencio, con las precauciones necesarias y sin alardear de ello, pese a las críticas recibidas por un supuesta falta de acción. Y al final, el plan del Ayuntamiento ha resultado. Pablo Comas ha dejado de ser el dueño del Recreativo tras decretar la Junta Extraordinaria de Gobierno la ocupación urgente del 75% de las acciones que tenía Gildoy España SL. La expropiación ha sido una apuesta ganadora.

Sin embargo, aún con el empresario madrileño fuera de escena, la amenaza de desaparición sigue pesando sobre el club. No tanto porque la Campaña de Salvación ha recaudado la quinta parte (unos 400.000 euros) de los dos millones de euros que se consideran necesarios para pagar las deudas a AFE y RFEF, y evitar así el descenso administrativo del equipo onubense a la Tercera División el próximo día 30, antesala de un posible adiós.

Desde el Ayuntamiento se confía en que habrá acuerdo con AFE y RFEF -las negociaciones están muy avanzadas- para aplazar el pago de parte de la deuda, e igualmente se da por hecho que aparecerá una empresa o entidad que complete la cantidad que el Recre necesite antes del fin del plazo.

Pero si AFE y RFEF pueden aceptar pagos directos de terceros que actúan en nombre de un club del que aún no son formalmente propietarios, a cambio de convertirse en nuevos acreedores, ¿se puede hacer lo mismo con el Convenio de Acreedores?

Según fuentes consultadas por DiariodeHuelva.es, el Recre debe hacer frente al pago de unos 70.000 euros el próximo 30 de junio correspondientes al Convenio de Acreedores. Una obligación que le corresponde al dueño. ¿Pero quién será legalmente el dueño del club ese día?

Si lo es el Ayuntamiento, el problema está resuelto. Pero si lo sigue siendo Pablo Comas, se hace difícil pensar que pagará 70.000 euros para defender una propiedad que le será expropiada en breve, además, sin indemnización alguna por el momento. E incumplir el Convenio de Acreedores implica el riesgo de que la Justicia pueda decretar la disolución de la sociedad.