El Seprona detecta 562 pozos y 146 balsas ilegales en Doñana

EQUO reclama mayor celeridad en la clausura de los pozos para evitar el robo de agua en la zona

EQUO ha reclamado esta semana mayor celeridad en la gestión de los pozos ilegales que esquilman el acuífero de Doñana y que, pese a estar localizados, no son clausurados de manera efectiva.

Así lo ha solicitado el partido verde tras recibir contestación a una pregunta registrada por su diputado, Juantxo López de Uralde, acerca de las actuaciones que desde el Gobierno se están llevando a cabo para evitar el robo de agua en Doñana y los efectivos destinados a evitarlo, después de que organizaciones ecologistas presentasen informes en los que se ponía de manifiesto que el mismo se seguía llevando a cabo.

“No hay justificación alguna para permitir que la extracción ilegal de agua en Doñana continúe. Es urgente poner fin al expolio hídrico que sufre el Parque Nacional, al que el Seprona acaba de poner cifras”, ha declarado López de Uralde.

En su respuesta, el Gobierno reconoce que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de la Comandancia de Huelva ha detectado 562 pozos o captaciones de aguas y 146 balsas carentes de documentación en el Espacio Natural de Doñana, “situación que fue puesta en conocimiento de la citada Confederación Hidrográfica”.

Igualmente, señala que actualmente esta Sección del Seprona “mantiene abierta una operación, por la que se sigue trabajando en la zona de Doñana para el control de los pozos ilegales y comprobación de las medidas cautelares adoptadas por los Juzgados de Instrucción de La Palma del Condado y de Moguer, que llevan las causas iniciadas. De igual forma se encuentran abiertas varias diligencias, llegándose a investigar en su día un total de 44 personas, tras el esclarecimiento de 130 supuestos delitos de distracción de aguas y 146 delitos relativos a la ordenación del territorio -delitos urbanísticos-“.

Para EQUO, esta situación es insostenible y se deberían redoblar los esfuerzos, con más efectivos y recursos, para asegurar que se cumple con la legalidad y con el plan de ordenación, evitando así un expolio de recursos naturales ante el que se ha hecho la vista gorda en demasiadas ocasiones y que amenaza con tener consecuencias irreversibles.