Nuevos recortes del Gobierno a la dependencia
La consejería informa de que en los últimos días de diciembre se han aprobado por parte del Gobierno central cambios normativos en la ley que implican un nuevo recorte de derechos y una burocratización en el acceso de los ciudadanos a las prestaciones. A partir de ahora se exige, por ejemplo, que, junto con la solicitud, la persona solicitante presente documentación relativa a su situación económica y patrimonial cuando aún no se ha valorado si presenta o no situación de dependencia. Para facilitar los trámites, Andalucía es la única comunidad autónoma que no exige la presentación del informe de salud junto con la solicitud, sino que es la propia administración la que se encarga de obtenerlo solicitándolo directamente al Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Se concreta también la bajada de la intensidad de la ayuda a domicilio, que ya se establecía en el real decreto 20/2102 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. De este modo, la intensidad del servicio de ayuda a domicilio se ve reducida hasta en 20 horas para grandes dependientes, pasando de 90 a 70 horas mensuales de atención máxima.
Estos nuevos decretos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad también endurecen los requisitos que deben cumplir las personas cuidadoras obligándolas, igualmente, a estar prestando atención previa a la solicitud durante, al menos, un año, y a la convivencia en el mismo domicilio que la persona en situación de dependencia. Del mismo modo se deroga la norma que establecía revalorización anual de las cuantías de las prestaciones económicas en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que en la práctica elimina el incremento de las cuantías máximas de las prestaciones económicas. El decreto ley también penaliza el reconocimiento de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar al reducirse la financiación estatal para esta prestación, potenciándose que se concedan prestaciones económicas vinculadas a servicios privados.
A diferencia de esta posición, la administración andaluza va a continuar defendiendo los servicios de proximidad para garantizar la estabilidad en el empleo en el sector y reconquistar el terreno perdido en estos años de crisis.