Nuevo varapalo judicial contra la fusión hospitalaria
El Alto Tribunal andaluz ha admitido a trámite la solicitud de los sindicatos Médico, Satse y SAE para frenar el proceso.
Los sindicatos profesionales del área de sanidad (Sindicato Médico, SATSE y SAE) han solicitado y se ha admitido a trámite, mientras se resuelve la impugnación de la orden de creación del Complejo Hospitalario Universitario de Huelva en el TSJA, la paralización cautelar de los movimientos de servicios y unidades desde la dirección.
Según han informado a través de una nota, los profesionales afectados por este traslado forzoso "manifiestan que después de más de veinte años dedicados a atender a una especialidad, se van sin formarse ni reciclarse para los nuevos puestos que les han adjudicado", a lo que añaden que "tampoco se cumple con la Normativa de la ley de PRL ya que no han sido informados de los nuevos riesgos de sus nuevos puestos de trabajo".
Debido al daño "irreparable e irreversible a la calidad de la atención hospitalaria" de la provincia de Huelva que la forma en que se está realizando esta fusión representa, y el hecho de que su equipo directivo "continúa haciendo oídos sordos" a todas las solicitudes de información y participación de los trabajadores, de sus representantes sindicales y de la Junta de Personal, incumpliendo toda la legislación al respecto, los Sindicatos Médico, SATSE y USAE han pedido en el TSJA la paralización cautelar de los movimientos futuros.
Los sindicatos han lamentado que de nada han servido las consultas a los trabajadores y usuarios, las denuncias, empleando datos de la propia Consejería, en donde "hemos demostrado que Huelva es la provincia española y andaluza peor dotada en materia sanitaria, con menor inversión y menos recursos", y han criticado que el equipo directivo "continúa su despótica política economicista sin atender a su obligación como garante de la calidad de la asistencia y la seguridad de los pacientes onubenses".
Su proceso de fusión hospitalaria de Huelva sólo beneficia a la "política de recortes de la Junta de Andalucía que no respeta ni siquiera a la provincia más pobre y peor dotada", cuestionan. Desde los sindicatos manifiestan que además "pretenden evitar el coste político que esto representa, engañando a los onubenses y vendiendo estos recortes de más de 20 millones de euros anuales, como una mejora en la cartera de servicios (no se ha creado ni una nueva unidad en este tiempo), y el avance sanitario del siglo". Confían así en que respeten las decisiones judiciales.