La marihuana dispara el fraude eléctrico y carga su factura en los consumidores
Un 11% de la factura de la luz que pagan los onubenses por la denominada tasa de pérdidas de red procede de los enganches ilegales que alimentan las plantaciones de marihuana. Una cifra que va creciendo de manera exponencial año tras año, lo que preocupa especialmente a las autoridades Sólo entre el año 2020 y el 2021 el incremento superó el 40% y para este año la cuantía se prevé mayor.
Además del problema de salud pública que genera la venta de droga, las compañía se muestran especialmente preocupadas por los problemas que genera a la red eléctrica en forma de desabastecimientos y seguridad en las zonas donde se practican estos 'pinchazos'.
En España se están instaurando mafias de otros países para cultivar la hierva en el territorio nacional favorecidos por el hecho de que el Código Penal tipifica el cultivo de mariahuana como una sustancia que no causa un grave daño a la salud pública. En sintonía con este criterio las penas de prisión oscilan entre 1 y 3 años de prisión y multa por el duplo del valor de la droga incautada.
Sólo en caso de tratarse de una organización criminal (artículo 369 bis), las penas ascenderían desde los 4 años y 6 meses a 10 años de prisión. No obstante, matizan los juristas, “de acuerdo a los criterios jurisprudencionales su acreditación es de gran complejidad” para las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Algo que los delincuentes conocen al dedillo y se valen de estos vericuetos legales para operar con cierta impunidad.
El consumidor legal paga la factura
Y lo más sangrante. ¿Quién paga este robo que sufren las eléctricas? Pues los clientes que tienen contratada suluz de forma legal, a quienes las compañías aplican, con la connivencia del Gobierno Central, una dudosa tasa llamada “perdidas de red” en virtud de la cual se carga en los abonados el consumo de los que tienen enganchada la luz de manera ilegal, incluyendo a quienes usan el fluido eléctrico para alimentar las plantaciones de ‘maría’.
Groso modo se estima que sólo el año pasado los onubenses pagaron en su factura de la luz 1.650.000 euros.
Consecuencias penales muy laxas en el código penal
Juristas consultados por este periódico han precisado que el origen de la proliferación de los enganches ilegales se debe a una legislación muy laxa a hora de castigar este tipo de prácticas.
En efecto, el “artículo 255 del Código Penal recoge como “leve” el delito de defraude eléctrico. Para más inri, “si la cuantía de lo defraudado no excede los 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses”.
Por otro lado, “si no es posible conocer la cifra defraudada, la ley establece que la cantidad a facturar corresponderá al 100% de la potencia eléctrica contratada durante seis horas al día en el último año”.
