Los recortes en la cárcel de Huelva: presos haciendo el trabajo de funcionarios

Elaboración de platos calientes, desinfección de verduras, control de agua potable y de cámaras de almacenamiento, entre las labores que realizan los reos en lugar de profesionales cualificados.

La situación que padecen los funcionarios del centro penitenciario de Huelva por la tan denunciada falta de personal está llegando a un punto casi absurdo en departamentos como el de cocina. CSIF y Acaip han denunciado la situación, que hace que haya un solo cocinero para una población reclusa de casi 1.500 personas. Y no sólo eso, ya que, como detalla Acaip, los reos hacen el trabajo que deberían hacer funcionarios del Estado, según establece la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del centro penitenciario.

Este sindicato ha remitido un escrito a la Subdelegación del Gobierno en Huelva para que “medie y propicie” la mejor solución a la situación creada, así como reclama a la Delegación de Salud de la Junta para corregir posibles problemas de seguridad alimentaria.

Acaip califica de “precarias” las condiciones en las que se elabora la comida en la cocina de la prisión. La situación ha motivado la alianza sindical por un fin común. Acaip-USO, CSIF, UGT y CCOO. La queja de los trabajadores es que en la actualidad en el citado departamento se elabora el racionado para unos 1.500 presos (entre La Ribera y el Centro de Inserción Social David Beltrán) contando “únicamente con una plantilla de un solo cocinero que trabaja a turnos”, cuando debería haber cinco efectivos.

El sindicato señala que desde diciembre de 2014, por orden de la dirección, “se insta a que sean los propios presos, con la firma del funcionario de cocina, quienes tengan que cumplimentar una serie de documentos”.

La relación de funciones es bien extensa: cambio de aceite de las freidoras, control de temperaturas de elaboración de platos calientes, control de desinfección de verduras; control de temperaturas de carros calientes; control de mantenimiento de instalaciones y equipos; plan de control de agua potable (vigilancia de la potabilidad del agua); control del producto en recepción; registro control de almacén y zonas comunes; registro control de superficies, utensilios, lavamanos, sumideros, campana extractora, estanterías, paredes y ventanas, etétera; control de la elaboración de platos calientes de alto riesgo; control de cámaras de almacenamiento”. Acaip añade dos etcéteras a todo esto.

COMPLEJIDAD TÉCNICA. El sindicato manifiesta que estos documentos, con un “cierto nivel de complejidad técnica”, han de ser cumplimentados por internos con el visto bueno del funcionario de cocina. Esta situación hace “prácticamente inviable velar por el estricto cumplimiento de la normativa vigente respecto a la limpieza, desinfección y control alimentario, toda vez que habría que determinar el nivel de formación y cualificación profesional de los internos a los que se les encomiendan dichas labores”, así como la firma “casi en barbecho del funcionario que emite el visto bueno”.

La plantilla de internos asignada a estas labores en la cocina “en el mejor de los casos ha recibido un curso de manipulador de alimentos y firmado el manual de buenas prácticas”.

Acaip exige una elaboración de las comidas por parte de “profesionales con la cualificación adecuada, con los controles convenientes que “garanticen la seguridad alimentaria” de los internos comensales. Recuerda el sindicato que la legislación penitenciaria “obliga a proporcionar una alimentación controlada, convenientemente preparada, que debe responder a las especificaciones de edad, salud, trabajo, clima, costumbres, etcétera, con una preparación y condimentación adecuadas”.

Con este objetivo, la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias dice que serán “los profesionales quienes ejecuten las operaciones de manipulación, conservación y presentación de todo tipo de alimentos, etcétera”.